La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 3 mil 317 acciones de vivienda en beneficio de más de 11 mil personas, con una inversión superior a 521 millones de pesos destinada a créditos para mejoramiento habitacional, vivienda nueva progresiva y regularización de la propiedad mediante escrituras.
Durante el acto, realizado en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, Clara Brugada afirmó que la política de vivienda de su administración busca garantizar el derecho a un hogar digno y fortalecer el patrimonio familiar, mediante esquemas de financiamiento accesibles que permitan atender a sectores de la población excluidos de los mecanismos convencionales de crédito.
Brugada Molina detalló que, del total de acciones entregadas, más de 2 mil 381 correspondieron a créditos para mejoramiento de vivienda, con una inversión de 346 millones de pesos. Estos apoyos, explicó, cuentan con condiciones sociales favorables, sin intereses y con acompañamiento técnico especializado.
La estrategia también contempla la construcción de vivienda nueva progresiva en terrenos familiares, con el propósito de que las nuevas generaciones puedan permanecer en sus comunidades y evitar que la falta de opciones habitacionales las obligue a desplazarse fuera de sus barrios.
Clara Brugada sostuvo que los apoyos habitacionales no se limitan a la rehabilitación física de los hogares, sino que buscan ampliar el acceso a un financiamiento justo, mejorar las condiciones de vida y contribuir a reducir las desigualdades sociales.
En ese contexto, convocó a las personas beneficiarias a cumplir con sus compromisos de pago, al señalar que la recuperación de los recursos permitirá financiar nuevos créditos y extender el programa a otras familias que requieren mejorar sus viviendas.
Gobierno capitalino fija meta de 20 mil créditos
La mandataria informó que la meta de su administración para 2026 es alcanzar la entrega de 20 mil créditos de vivienda. Para ello, señaló que se mantendrá la ampliación de los programas habitacionales y se impulsarán nuevas modalidades de financiamiento para incorporar tecnologías sustentables en los hogares, con el objetivo de reducir los gastos familiares y favorecer el cuidado ambiental.
El titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, reportó que durante 2026 se han autorizado 15 mil 488 créditos, con una inversión acumulada superior a 2 mil 533 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario, la dependencia prevé alcanzar la meta anual de 20 mil acciones.
Muñoz Santini destacó que el 63 por ciento de los créditos se otorga a mujeres jefas de familia y que una proporción importante de los recursos se concentra en hogares de menores ingresos, como parte de una política orientada a reducir las brechas sociales y fortalecer el arraigo comunitario.
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Escrituras para proteger el patrimonio familiar
Además de los créditos, el Gobierno capitalino entregó más de 300 escrituras, con lo que suman alrededor de 3 mil 300 documentos de propiedad otorgados durante el año, según las cifras presentadas por las autoridades.
Brugada Molina reconoció que la regularización patrimonial continúa siendo uno de los pendientes de la ciudad y solicitó a la Secretaría de Vivienda establecer para 2027 una meta de 10 mil escrituras entregadas.
La mandataria subrayó que contar con documentos que acrediten legalmente la propiedad permite a las familias defender su patrimonio y constituye una herramienta para prevenir el despojo de inmuebles. También pidió diseñar un programa de créditos accesibles para cubrir los gastos de escrituración, ante la problemática que, de acuerdo con sus declaraciones, afecta al 50 por ciento de la población capitalina.
La política habitacional de la Ciudad de México combina así el mejoramiento de viviendas existentes, la construcción progresiva, el financiamiento para familias de menores ingresos y la regularización de la propiedad. El desafío será cumplir las metas anunciadas y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en soluciones habitacionales duraderas, seguridad jurídica y mejores condiciones de vida para la población.
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