La protección de los ecosistemas de agua dulce y la recuperación de ríos y riberas se incorporan a una estrategia de coordinación regional en el centro del país. Como parte de este esfuerzo, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), suscribió la Declaratoria Regional de Ríos y Riberas, un acuerdo que establece mecanismos de colaboración entre autoridades forestales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
La firma se realizó al concluir el Primer Foro Regional: Conservación, Restauración y Monitoreo de Ríos y Riberas en el Centro de México, encuentro que congregó a más de 170 especialistas, académicos y representantes de núcleos agrarios de los estados de México y Michoacán.
El foro fue organizado por Probosque, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) y el Fondo de Conservación del Eje Neovolcánico (FOCEN), con la participación de la secretaria del Campo mexiquense, María Eugenia Rojano Valdés.
Durante las mesas de trabajo se analizaron alternativas para restaurar las zonas ribereñas, fortalecer el monitoreo comunitario del agua y articular los conocimientos de las comunidades con herramientas científicas. Estos temas evidenciaron la necesidad de establecer políticas de conservación que involucren tanto a las instituciones como a quienes mantienen una relación directa con los territorios y sus recursos naturales.
En este contexto, Alejandro Santiago Sánchez Vélez, director general de Probosque, advirtió sobre la fragilidad de los ecosistemas de agua dulce y los riesgos derivados de la contaminación y las actividades humanas.
El funcionario destacó que, aunque el agua dulce representa apenas 0.15 por ciento del total del agua del planeta, alberga 45 por ciento de la biodiversidad, una proporción que dimensiona la importancia de proteger estos entornos.
También señaló que los ríos han sido utilizados como vertederos y llamó la atención sobre el impacto de las actividades agrícolas, al identificar a la agricultura como el principal usuario de agua en el país y una de las fuentes más importantes de contaminación hídrica, incluso por encima de los usos doméstico e industrial.
La participación de las comunidades rurales también ocupó un lugar relevante en el encuentro. Representantes de los ejidos Senguio, San Bartolo Amanalco y San Juan Jiquipilco compartieron experiencias sobre el manejo y conservación de ecosistemas ribereños, aportando conocimientos relacionados con las condiciones ambientales y las necesidades de sus territorios.
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Por su parte, especialistas de las instituciones organizadoras y de la Secretaría del Agua del Estado de México expusieron metodologías de monitoreo biológico y mecanismos de organización comunitaria para proteger arroyos ubicados en Áreas Naturales Protegidas.
La Declaratoria Regional de Ríos y Riberas representa un paso hacia la construcción de una agenda compartida de conservación ambiental entre el Estado de México y Michoacán. Su alcance dependerá de la continuidad de los compromisos institucionales, la participación social y la aplicación de acciones concretas para recuperar las cuencas.
Más allá de la firma del acuerdo, el desafío consiste en traducir la colaboración regional en resultados medibles frente a la contaminación, el deterioro de los cauces y la pérdida de biodiversidad. La protección del agua dulce exige no sólo restaurar los ecosistemas afectados, sino también modificar las prácticas que comprometen su conservación a largo plazo.
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