La Comisión de Paz y Resolución de Conflictos de la COPPPAL observa con enorme preocupación que el fenómeno de la violencia en México se ha incrementado y está afectando la estabilidad electoral del país, además de inducir a un clima de conmoción en la sociedad.
En un informe elaborado por representantes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Belice y Honduras, se advierte que el actual proceso electoral que se vive en México, existe un aumento de los principales tipos de violencia política que incluyen amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos contra funcionarios públicos, precandidatos(as) o candidatos (as), para obligarlos a cooperar con el crimen organizado o de lo contrario son eliminados.
El crimen organizado ha sometido principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, accediendo a recursos valiosos para operar con impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a sus rivales.
Otro aspecto preocupante que resalta el informe, es el financiamiento de campañas a candidatos del partido oficialista a través del crimen organizado, entre ellos del huachicol (robo y venta ilegal de combustible que se ha incrementado en 117% en la actual administración), de dinero público sustraído ilegalmente de los programas Bienestar, imposición de candidatos vinculados con grupos criminales y movilización o inhibición del voto mediante amenazas o agresiones.
Destaca también que a pesar de la prohibición expresa tanto en la Constitución y las leyes, el Presidente de México en su conferencia matutina diaria, interfiere en cada oportunidad en el devenir electoral, lo que ha obligado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e Instituto Nacional Electoral (INE), a exigirle que suspenda sus alusiones tanto al proceso electoral como a los candidatos sin que hasta el momento cesen las intervenciones abiertas del Ejecutivo en la contienda, actitud que solo contribuye con el debilitamiento del aún incipiente Estado de derecho.
Es de advertir a la comunidad internacional, señala el documento, que la intromisión del Jefe del Ejecutivo Federal en el Proceso Electoral 2023-2024, ha provocado que los órganos electorales en México le hayan impuesto, hasta esta fecha, 17 sanciones y 43 medidas cautelare, lo cual no ha impedido que cesen las acciones contrarias a las leyes electorales mexicanas, más bien el desafío del Jefe del Poder Ejecutivo mexicano al TEPJF y al INE aumenta con cada sanción impuesta.
Indica que, si se toman como parámetros los datos de los resultados de las elecciones de los años 2021 y 2023, se podría prever la posibilidad de que los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio estarán muy cerradas, lo que vislumbra escenarios complicados, de ahí que el presidente de la República desde su conferencia matutina diaria insista en descalificar a las autoridades electorales y afirme que podría darse un Golpe de Estado técnico con la ayuda del Poder Judicial.
“Es claro que la abierta intervención del Presidente de la República en plena campaña electoral busca favorecer el triunfo de la candidata de su partido, pero sus acciones reiteradas constituyen un riesgo para la validez de la elección y aumentan los riesgos de confrontación social y política en México”, advierte la Comisión de Paz y Resolución de Conflictos de la COPPPAL.
También, afirma el documento, la influencia del crimen organizado en el proceso electoral se manifiesta de diferentes formas, pero una de las principales preocupaciones es la infiltración de los grupos criminales en los partidos políticos y en las instituciones públicas. “Esta infiltración ha llevado a casos de corrupción y a la manipulación de los resultados electorales a favor de los intereses del crimen organizado. Además, el crimen organizado utiliza la violencia y la intimidación como herramientas para influir en el proceso electoral.
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“Las amenazas, asesinatos y actos de violencia son utilizados para intimidar a los candidatos, a los votantes y a los funcionarios electorales, afectando así la libertad y la transparencia de las elecciones. Otro factor de riesgo es la utilización de recursos ilícitos por parte de los candidatos financiados por el crimen organizado.
Este tipo de financiamiento ilegal puede comprometer la independencia y la integridad de los candidatos, así como beneficiar a los intereses criminales en detrimento de los intereses públicos. El deterioro institucional y la falta de respuestas efectivas han facilitado la injerencia creciente de las organizaciones criminales en la política mexicana”, sostiene.
Otro caso que llama la atención de la Comisión que preside Harold Correa, exjefe de Gabinete de los presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, es la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación. “México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
La creciente amenaza a la libertad de expresión corresponde principalmente al Estado mexicano y los grupos criminales no sólo censuran sino atentan contra la vida de los periodistas y sus familias”, alerta.
La organización condena también la campaña de acoso y hostigamiento del Presidente de México y de su gobierno contra los periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros que, de manera sistemática, son intimidados por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
En virtud que la violencia contra los periodistas aumenta durante los procesos electorales y entran en un alto grado de vulnerabilidad como consecuencia de su labor informativa y de las grandes tensiones políticas que se presentan, resulta de la más alta responsabilidad que el Presidente de México detenga su campaña de ataques y persecución contra periodistas y medios de comunicación, respete a plenitud la libertad de expresión, desterrando todo acto de presión a los medios de comunicación que pretenda subordinar la tarea del periodista al poder de la Presidencia de la República.
Esta instancia de la COPPPAL expresa su preocupación respecto a las amenazas, asesinatos y agravios constantes a la libertad de expresión, así como la persecución judicial que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación en México y exige al Gobierno de la República brindar todas las condiciones para que los periodistas y medios de comunicación puedan ejercer su oficio sin temer amedrentamientos, amenazas o pérdida de la integridad física o la vida.
“Es obligación del Estado mexicano proporcionar todas las garantías que requiere la libertad de expresión en un sistema democrático, con un Estado de derecho sólido y de pleno respeto a los derechos humanos”.
Este organismo solicita al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todas las instancias internacionales como ONU, OEA, Unión Europea, Parlasur, Parlatino, Parlamento Europeo y Unión Interparlamentaria, pronunciarse al respecto y demandar el cumplimiento pleno de la libertad de expresión y prensa en México, así como visibilizar el nivel de peligrosidad que vive el periodismo en este país.
Para los partidos que integran la COPPPAL, el riesgo de la democracia en México en las elecciones presidenciales del 2024 por el crimen organizado, es una preocupación importante que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de todas las partes interesadas
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