La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y promoverá la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. La reforma, que obtuvo 119 votos a favor en lo general y 122 en lo particular, fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
Durante el debate, legisladores de distintas fuerzas políticas expresaron sus posturas y argumentos en torno a la relevancia de la reforma. Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, destacó que el proyecto proporciona a las instituciones de seguridad pública herramientas jurídicas clave para enfrentar la violencia, aunque subrayó la necesidad de atender las deficiencias en las fiscalías, ministerios públicos y periciales, pilares del sistema de justicia en México.
Por su parte, Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, señaló que la reforma busca optimizar el marco constitucional en temas de seguridad pública en respuesta a la grave situación de violencia que atraviesa el país, demandando soluciones efectivas y decisiones responsables.
El senador priista Rolando Zapata Bello reafirmó el apoyo de su partido a la reforma y enfatizó la importancia de la unidad nacional en la lucha contra la inseguridad. En una postura similar, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, destacó que la SSPC tendrá un papel más activo en la investigación de delitos y en la presentación de responsables ante la justicia, señalando que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia será esencial para la prevención de amenazas a la seguridad pública.
Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, consideró la reforma como una política de Estado orientada a desmantelar estructuras criminales, mientras que José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, expresó la necesidad de que esta reforma impulse un cambio hacia un modelo de seguridad menos militarizado y con mayor protagonismo de las policías civiles.
La sesión también incluyó opiniones críticas y controversiales. La senadora Lilly Téllez, del PAN, aprovechó para cuestionar la estrategia de “abrazos no balazos” del presidente López Obrador, en referencia a los comentarios recientes del embajador estadounidense Ken Salazar sobre la situación de seguridad en México. En contraste, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también de Morena, defendió los avances logrados, asegurando que las políticas sociales han contribuido a reducir delitos como el secuestro.
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La reforma fue aprobada en lo particular con la inclusión de una modificación impulsada por Óscar Cantón Zetina para sustituir la redacción del artículo 21, cambiando “la persona presidenta de la República” por “la persona titular de la presidencia de la República,” que fue respaldada por la Asamblea. Durante la discusión en particular, varios legisladores de diversas fracciones, entre ellos Jorge Carlos Ramírez Marín del PVEM y Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, presentaron reservas adicionales, aunque estas no fueron aceptadas.
El proyecto avanza ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe el debate en torno a esta reforma que busca fortalecer la coordinación en materia de seguridad, un tema de urgente interés en la agenda nacional.
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