Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley de Vivienda, con el objetivo de consolidar una política nacional que garantice el acceso de todas las personas a una vivienda adecuada, en concordancia con la reforma constitucional en la materia aprobada en 2024.
El proyecto, avalado con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, modifica diversos artículos para establecer criterios claros sobre lo que constituye una vivienda digna, incluyendo accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad en la tenencia, ubicación adecuada, disponibilidad de servicios y pertinencia cultural.
Asimismo, la reforma faculta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para coordinar programas de vivienda y suelo con la participación de sectores público, social y privado, así como de organismos encargados de financiar o construir vivienda para personas trabajadoras.
El dictamen también permite a estas instituciones adquirir, rehabilitar y construir viviendas, así como financiar la autoproducción y urbanización de terrenos, garantizando en todo momento la protección del patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos laborales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que los siete elementos definidos en la reforma constituyen parámetros concretos para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.
Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre subrayó que esta modificación representa una base legal sólida para cumplir la meta de construir 1.8 millones de viviendas y otorgar un millón de escrituras durante la actual administración.
En el mismo sentido, el senador Luis Armando Melgar Bravo afirmó que la reforma impulsa una política de vivienda social más justa, adecuada y acorde con las necesidades actuales del país.
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Sin embargo, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre el uso de recursos financieros. El senador Ricardo Anaya Cortés calificó la propuesta como riesgosa al plantear el posible uso de fondos de ahorro para el retiro, mientras que la senadora Mely Romero Celis advirtió sobre riesgos en el manejo de recursos de los trabajadores.
En tanto, la senadora Virginia Magaña Fonseca respaldó el dictamen al considerarlo un avance necesario, mientras que Alejandra Barrales Magdaleno propuso ajustes para garantizar la protección del patrimonio de los trabajadores.
El dictamen será turnado al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación, en medio de un debate que refleja posturas encontradas sobre el alcance y los mecanismos de financiamiento de la política habitacional en México.
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