La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la construcción ilegal y las prácticas que violan la normatividad urbana representan uno de los principales retos para su administración, por lo que ya se trabaja en un programa integral para combatir el fraude inmobiliario y prevenir actos de corrupción en el desarrollo urbano.
Durante su intervención, Brugada Molina explicó que el nuevo esquema permitirá a la ciudadanía conocer de manera inmediata si una obra cumple o no con la ley, además de evitar que se repitan prácticas irregulares asociadas al llamado Cártel Inmobiliario, en el que se autorizaron edificaciones por encima de los límites permitidos.
Asimismo, Brugada subrayó que este esfuerzo implica una revisión exhaustiva de construcciones existentes y recientes, con el objetivo de garantizar el respeto a la normatividad vigente y cerrar espacios a la discrecionalidad. Afirmó que se trata de un proceso profundo para supervisar cómo y qué se construye en la capital.
Señaló que el programa tendrá un enfoque preventivo, brindará certeza jurídica y fortalecerá la transparencia en torno a las obras en curso. Indicó que la población tiene derecho a conocer qué ocurre en su entorno urbano y cómo las autoridades detectan posibles irregularidades.
Clara Brugada recordó que, en administraciones pasadas, el fraude inmobiliario se identificó de manera reactiva, generalmente después de siniestros que derivaron en investigaciones. En ese contexto, advirtió que no se debe esperar a una tragedia para actuar.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), Pablo Enrique Yanes Rizo, destacó que una de las principales lecciones del Cártel Inmobiliario es la necesidad de implementar políticas de no repetición, orientadas a prevenir de forma estructural la corrupción en el sector.
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El funcionario enfatizó que el objetivo no solo es reparar daños, sino garantizar que estas prácticas no vuelvan a ocurrir. Señaló que el fraude inmobiliario constituye un delito grave y que existe una demanda social legítima para adquirir viviendas con plena certeza jurídica.
Yanes Rizo añadió que esta certeza beneficia tanto a compradores como a desarrolladores que cumplen con la ley, al fomentar una convivencia urbana ordenada, justa y basada en la confianza institucional.
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