La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha dejado claro su compromiso en la lucha contra la extorsión al presentar una estrategia integral que busca desmantelar esta problemática en la capital. Bajo la consigna “No daremos tregua contra la extorsión”, Brugada anunció un conjunto de medidas que incluye iniciativas legislativas, reforzamiento de fuerzas de seguridad y una campaña de información para la ciudadanía.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada detalló los principales componentes de su estrategia, comenzando por la propuesta de reforma al Código Penal local, que se presentará esta semana ante el Congreso de la Ciudad de México. Esta reforma busca endurecer las penas contra la extorsión y el cobro ilegítimo conocido como “gota a gota”, para abordar tanto el daño patrimonial como el impacto psicológico y físico en las víctimas.
“La seguridad de las personas es lo más importante para este gobierno, y no daremos tregua en el combate a este delito que afecta a tantos habitantes de la Ciudad de México”, declaró Brugada.
La estrategia contempla, además, la creación de una Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y una Fiscalía Especializada contra la Extorsión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La mandataria también anunció la implementación de la línea telefónica 5550363301, la cual estará disponible 24/7 para la denuncia y asistencia inmediata a las víctimas.
En el plano preventivo, la campaña “Juntas y juntos contra la extorsión” será difundida a través de talleres, medios de comunicación y materiales impresos, buscando que los ciudadanos sepan cómo actuar en situaciones de extorsión. Asimismo, se ha diseñado un protocolo de acción con las “3C” —Calma, Cautela y Comunícate— para brindar herramientas de autoprotección a la ciudadanía.
Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que el nuevo modelo de combate a la extorsión pone especial énfasis en la protección y atención psicológica de las víctimas, e incluye medidas de seguridad como botones de pánico en comercios y códigos de alerta, además de la colaboración con la Secretaría de Marina para realizar inspecciones en centros penitenciarios y desactivar dispositivos de comunicación utilizados en estos delitos.
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La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, detalló que las reformas legislativas incluyen nuevas sanciones de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 3,000 UMAs, con el fin de evitar que los acusados puedan obtener libertad bajo fianza. Entre las agravantes se cuentan el uso de medios electrónicos para cometer extorsión y las amenazas realizadas por personas que se ostentan como miembros de grupos delictivos.
Con estas acciones, el gobierno capitalino busca romper el silencio y desalentar las prácticas de extorsión que afectan a ciudadanos y empresarios en la Ciudad de México. Brugada y su equipo exhortaron a la ciudadanía a denunciar y hacer uso de las herramientas de protección que estarán disponibles, destacando que esta estrategia integral es un paso decisivo hacia la construcción de una ciudad segura y libre de extorsión.
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