La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó su rechazo a un eventual incremento salarial para los funcionarios de alto nivel del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que supere el índice de inflación, al considerar que no existen justificaciones para elevar sus percepciones en esos términos y que los recursos públicos deben responder prioritariamente a las necesidades de la población.
Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a octubre, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre la propuesta presupuestal del organismo electoral para el próximo año, que contempla, entre otros conceptos, aumentos salariales para sus consejeros.
La solicitud generó el posicionamiento de Brugada Molina, particularmente porque los incrementos planteados superarían incluso la percepción económica que recibe la titular del Ejecutivo capitalino.
La jefa de Gobierno sostuvo que no comparte una política de remuneraciones que permita a los funcionarios de mayor jerarquía obtener aumentos por encima de la inflación, especialmente cuando existen demandas sociales que requieren atención presupuestal.
“Consideramos que no es necesario incrementar salarios de funcionarios de alto nivel más allá de la inflación”, afirmó.
La mandataria señaló que esta postura responde a los principios de austeridad que orientan a su administración, bajo la premisa de que el presupuesto debe ejercerse con responsabilidad, transparencia y sentido social.
En ese contexto, recordó que los integrantes del organismo electoral conocen la posición del Gobierno de la Ciudad de México respecto al manejo de los recursos públicos y la necesidad de privilegiar el gasto destinado a atender las demandas de la ciudadanía.
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Brugada Molina insistió en que no tendría por qué autorizarse un aumento salarial que rebase la inflación, pues, desde su perspectiva, las prioridades presupuestales deben concentrarse en los sectores y servicios que requieren mayores recursos.
El pronunciamiento coloca nuevamente en el debate público la relación entre austeridad institucional, remuneraciones de los servidores públicos y autonomía presupuestal de los organismos electorales. La discusión sobre el presupuesto del IECM tendrá que considerar tanto las necesidades operativas del instituto como los criterios de responsabilidad en el ejercicio del gasto público.
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