En su columna de opinión para El Economista, el periodista José Fonseca advierte que el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha un programa para expropiar hasta 400 inmuebles durante el sexenio con el argumento de garantizar una vivienda digna para personas de bajos ingresos.
Fonseca señala que muchos de esos inmuebles son los afectados por el sismo de 2017 y que se requieren dictámenes técnicos para que el proceso avance: quienes no los tengan podrían enfrentar sanciones que reduzcan el avalúo, y en algunos casos el Estado incluso podría negarse a pagar a los expropiados.
Además, el autor advierte un posible abuso político: dice que el proyecto podría ampliarse más allá de la CDMX y califica parte de la estrategia como una “ofensiva” de Morena para consolidar poder, enmascarada bajo una política social.
Fonseca también critica que se ha descuidado la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, parte de la reforma laboral: argumenta que el poder se concentra aún más en instancias poco transparentes, lo que debilita los derechos de los trabajadores.
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