El fortalecimiento de las investigaciones ministeriales y la atención a los delitos de violencia de género forman parte de las prioridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, quien llamó a los agentes de investigación e inteligencia a mantener el rigor científico y operativo en el desempeño de sus funciones.
Durante la Reunión Mensual con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), el fiscal general instruyó al personal a continuar desarrollando indagatorias sustentadas en métodos científicos, labores de campo y herramientas tecnológicas que permitan fortalecer el trabajo de inteligencia.
El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por Llaven Abarca, es mantener las capacidades de investigación en las distintas regiones de la entidad y contribuir al esclarecimiento de los delitos mediante la coordinación y el uso de recursos especializados.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la atención de los delitos relacionados con la violencia de género, una problemática que, señaló el fiscal, se mantiene como una prioridad dentro de la agenda de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
La instrucción coloca el trabajo ministerial ante el desafío de traducir las estrategias de investigación en resultados concretos para las víctimas, particularmente en casos donde la atención oportuna, la integración de pruebas y el seguimiento de las denuncias son fundamentales para el acceso a la justicia.
Llaven Abarca reiteró que la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial cuenta con el respaldo institucional para desarrollar sus funciones en cada región y municipio de Chiapas. También destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre las áreas involucradas.
El fiscal sostuvo que el trabajo conjunto continuará con la meta de cerrar el año con resultados favorables para la población chiapaneca.
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Más allá de las instrucciones operativas, el reto para las autoridades ministeriales será que la investigación científica, el uso de tecnología y la presencia territorial se reflejen en avances verificables en el esclarecimiento de los delitos, así como en una atención efectiva para quienes buscan justicia.
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