Los comedores comunitarios y públicos de la Ciudad de México han sido formalmente reconocidos como un derecho constitucional, marcando un avance significativo en la política social de la capital. Actualmente, la ciudad cuenta con 478 comedores habilitados: 64 públicos que ofrecen raciones de comida de forma gratuita y 414 comunitarios que lo hacen a un costo simbólico de 11 pesos. Esta red de comedores se ampliará con la instalación de 23 nuevos espacios antes de que termine el año, sumando un total de 501 comedores en toda la ciudad.
El decreto que oficializa esta medida fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, asegurando la permanencia y la universalización gradual del acceso a estos servicios. Según el decreto, cualquier persona podrá beneficiarse de estos comedores sin necesidad de presentar credenciales ni pertenecer a alguna organización o institución.
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Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, celebró este logro y rememoró los inicios del programa hace 15 años, en 2009, cuando se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social capitalino.
Batres enfatizó la importancia de esta reforma al enviar una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México, proponiendo la adición de un párrafo al apartado C, numeral 2, del artículo 9 de la Constitución local. Este artículo se refiere a la responsabilidad de las autoridades de garantizar el derecho a la alimentación, especialmente para las personas en situación de pobreza. La reforma establece:
“Para el logro de este objetivo se establecerá, entre otros mecanismos, un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios, de conformidad con las reglas de operación que permitan costos mínimos o gratuitos para las personas usuarias”.
El jefe de Gobierno subrayó que a finales de 2023, el gobierno capitalino otorgó un apoyo económico a los Comedores Comunitarios para renovar parte de su infraestructura y equipamiento, y que a principios de este año se brindó un nuevo apoyo para continuar con las mejoras necesarias.
Esta iniciativa no solo refuerza el compromiso del gobierno con la seguridad alimentaria de los ciudadanos, sino que también busca reducir la brecha de desigualdad, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una alimentación digna y nutritiva.
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