El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas clave al Código Civil para el Distrito Federal y a la Ley de Vivienda para la capital, enfocadas en frenar el aumento desmedido de las rentas y garantizar el acceso a vivienda asequible. Estas modificaciones legislativas, derivadas de una propuesta presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, buscan aliviar el impacto del acelerado incremento de las rentas, que ha afectado gravemente a miles de personas.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que la reforma es una respuesta a la necesidad de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna. “La vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho constitucional”, afirmó. El legislador enfatizó que estas medidas traerán beneficios tangibles a la ciudadanía en un corto plazo.
Entre las modificaciones más relevantes al Código Civil destaca que los incrementos en las rentas no podrán exceder la tasa de inflación anual reportada por el Banco de México. Esto establece un límite claro a los arrendadores, quienes deberán ajustar los precios conforme a la inflación, protegiendo a los inquilinos de aumentos abusivos.
Adicionalmente, se aprobó la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, el cual permitirá una autorización inmediata y obligará a los arrendadores a registrar sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su firma. Esto proporcionará un mayor control y transparencia en el mercado de alquiler.
Por su parte, las reformas a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México incluyen la adición de un nuevo objetivo: garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para personas de bajos ingresos. La propuesta plantea que el gobierno local participe activamente en la construcción de viviendas destinadas a la renta, priorizando a sectores vulnerables como trabajadores, madres solteras, jóvenes entre 18 y 35 años y personas en situación de pobreza.
Durante el debate, varios legisladores destacaron la relevancia de estas reformas. La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) subrayó que la vivienda es un derecho fundamental, y señaló que “al aliviar la carga de la renta, estamos contribuyendo a una ciudad más justa y solidaria”. En tanto, el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Asociación Parlamentaria Democrática Progresista) señaló que el 24% de los habitantes de la Ciudad de México viven en arrendamiento, por lo que estas reformas tendrán un impacto positivo en la vida de millones de personas.
La diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) calificó las reformas como un acto de justicia social. “No podemos permitir que quienes menos tienen, vean erosionado su poder adquisitivo”, afirmó. Por su parte, la diputada Mónica Fernández César (APDP) destacó que estas medidas responden a los abusos en el mercado de la renta, que han afectado gravemente a los sectores más vulnerables.
Otro punto de discusión fue el impacto de la gentrificación y la especulación inmobiliaria en los precios de renta. El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló que estos factores han desplazado a numerosas personas con menores ingresos, y pidió construir una política de equilibrio que garantice el acceso a una vivienda digna.
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La legisladora Marisela Zúñiga Cerón (MORENA) recordó que la pandemia de COVID-19 exacerbó la gentrificación en la ciudad, con aumentos desmesurados en los precios de alquiler, particularmente en zonas de alta demanda por parte de extranjeros y personas de clase alta.
En el contexto de estas reformas, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) resaltó la importancia histórica de establecer un tope al aumento de rentas, señalando que desde 1991 el poder legislativo ha impulsado este tipo de medidas.
Finalmente, el dictamen incluyó reservas importantes, como la sanción a servidores públicos que hagan mal uso del registro digital de contratos de arrendamiento. Esta propuesta, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN), busca garantizar la protección de la información personal de los ciudadanos.
Con la aprobación de estas reformas, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso crucial en la protección de los derechos de los inquilinos y en la construcción de un marco legal que frene el abuso en el mercado de alquiler. La vivienda asequible y digna, como subrayaron diversos legisladores, es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos los habitantes de la capital.
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