La ampliación de los servicios de defensa jurídica gratuita, la regularización del patrimonio familiar y el fortalecimiento de la justicia cívica marcaron el segundo año de gestión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, que reportó avances en la atención ciudadana y en la eliminación de barreras económicas y administrativas para garantizar el ejercicio de los derechos.
Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, como parte de la presentación del Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, expuso los resultados de la dependencia y destacó la consolidación de un modelo de justicia social orientado a brindar servicios profesionales, accesibles y cercanos a la población.
Uno de los rubros con mayor actividad fue la defensa jurídica gratuita. La institución cuenta con 642 personas defensoras públicas que, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, proporcionaron más de 89 mil asesorías en materia penal y asumieron más de 39 mil defensas. A estas cifras se suman cerca de 30 mil asesorías en asuntos civiles, familiares y de arrendamiento inmobiliario.
Los resultados reflejan la dimensión de la demanda de servicios legales gratuitos y la importancia de mantener mecanismos institucionales que permitan a las personas acceder a una defensa profesional, independientemente de su capacidad económica.
En materia de identidad jurídica, el Registro Civil expidió más de un millón 156 mil copias certificadas y constancias, además de realizar más de 26 mil correcciones administrativas de actas. También emitió 368 actas de nacimiento acordes con la identidad de género de las personas solicitantes, con lo que el acumulado desde el inicio de la administración llegó a 724 documentos.
Este último indicador representa un avance en el reconocimiento de la identidad como un derecho fundamental y en la adecuación de los servicios públicos a las necesidades de una sociedad diversa.
La certeza patrimonial también formó parte de los resultados. Mediante acciones jurídicas y administrativas se entregaron escrituras públicas a 246 familias de La Angostura, en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que avanzaron las gestiones para continuar el procedimiento de escrituración de otras 223 familias de La Franja, en Gustavo A. Madero, cuyos hogares enfrentan problemas de certeza jurídica desde hace más de tres décadas.
Por otra parte, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio realizó más de 90 mil inscripciones inmobiliarias, 107 mil certificaciones y 250 mil consultas de antecedentes registrales. En este rubro destaca la reducción del tiempo promedio de inscripción, que pasó de 54 a 25 días hábiles, una mejora que apunta a disminuir las cargas administrativas para quienes requieren formalizar operaciones sobre sus bienes.
La defensa del patrimonio público fue otro de los ejes presentados por Cruzvillegas Fuentes. Las resoluciones y sentencias favorables obtenidas por las distintas áreas de la Consejería representaron un impacto económico estimado en 7 mil 393 millones de pesos, recursos cuya protección resulta relevante para las finanzas de la capital.
En el ámbito de la justicia cívica, la dependencia registró 15 mil 521 atenciones mediante mecanismos de mediación comunitaria y procedimientos de queja. Asimismo, 11 mil 974 personas participaron o fueron beneficiarias de alternativas de solución de controversias, entre ellas conciliaciones, círculos de paz y diálogos restaurativos.
A estas acciones se sumaron 114 mil 671 atenciones mediante actividades de cultura cívica y fortalecimiento del tejido social, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes. También fueron capacitadas 27 mil 752 personas servidoras públicas en temas relacionados con la Ley de Cultura Cívica, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Como parte de la estrategia para descentralizar los servicios, la Defensoría Social Ponciano Arriaga realizó nueve jornadas territoriales entre el 24 de agosto y el 19 de octubre de 2026, con un total de 5 mil 979 registros de atención gratuita. De ellos, 2 mil 715 correspondieron a la Defensoría Pública y 3 mil 264 a otras instituciones participantes.
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La participación de la Consejería en los Puntos Mundialistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 también permitió acercar servicios jurídicos y administrativos a habitantes y visitantes de la capital. En estos espacios se ofrecieron orientación legal gratuita, servicios del Registro Civil, actividades de cultura cívica y mecanismos de mediación comunitaria, con un registro de 19 mil 782 atenciones.
Más allá de los indicadores administrativos, la institución impulsa un nuevo modelo de justicia cívica sustentado en la proximidad, la prevención y la anticipación de conflictos. La apuesta consiste en privilegiar la mediación y la participación comunitaria para atender controversias antes de que escalen y afecten la convivencia social.
Los resultados presentados durante la comparecencia muestran una intervención institucional que abarca desde la defensa individual de los derechos hasta la protección de los recursos públicos y la regularización de la propiedad. Sin embargo, el desafío consiste en convertir estos avances cuantitativos en una mejora sostenida de la experiencia ciudadana, particularmente para los sectores que enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios legales.
En el segundo año de gobierno de Clara Brugada Molina, la Consejería Jurídica busca consolidar una política de acceso a la justicia en la que la condición económica y el lugar de residencia no determinen las posibilidades de ejercer los derechos. El reto será mantener la cobertura, reducir los tiempos de atención y garantizar que los servicios institucionales se traduzcan en certeza jurídica y mejores condiciones de convivencia para las familias capitalinas.
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