La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras vinculadas a actividades delictivas sin un juicio de fondo. La medida busca fortalecer el marco legal para impedir que recursos relacionados con lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada sean descongelados tras resoluciones judiciales.
Durante su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquea cuentas cuando hay evidencia de uso indebido de recursos. Sin embargo, los afectados recurren al amparo y logran la suspensión del bloqueo sin que se resuelva el juicio de fondo, lo que permite el acceso a los fondos.
“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, ya sea por corrupción o por delincuencia organizada, y se liberan las cuentas para seguir utilizando esos recursos, no tiene otro nombre: es corrupción”, aseveró la mandataria.
Sheinbaum enfatizó la urgencia de reformar la legislación para que los desbloqueos solo ocurran si se demuestra que la UIF cometió una mala interpretación, evitando que las suspensiones cautelares se utilicen como mecanismos para eludir sanciones financieras.
Asimismo, subrayó que estas modificaciones, en conjunto con la reforma al Poder Judicial, buscan garantizar “cero impunidad” en delitos federales. “Nosotros no vamos a proteger a nadie cuando haya un delito, pero tampoco vamos a perseguir a nadie por razones políticas. La Fiscalía debe actuar con resultados en delitos relacionados con corrupción y delincuencia organizada”, afirmó.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva para impedir el uso de recursos de origen presuntamente ilícito. Desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, la UIF ha bloqueado cuentas de 7,815 sujetos: 5,904 personas físicas y 1,911 morales. De estos, 910 personas físicas y 360 morales han sido desincorporadas.
Hasta la fecha, el bloqueo ha implicado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. No obstante, 23,575 millones de pesos han sido desbloqueados por resolución judicial, lo que refuerza la necesidad de modificar las leyes para evitar que estos recursos sean reincorporados a la economía nacional sin una investigación de fondo.
El Senado de la República ya analiza reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal, con el fin de permitir que el Gobierno de México represente al sistema financiero en juicios vinculados con estos delitos. Además, se estudia la posibilidad de modificar la Ley de Amparo para evitar que sea utilizada como herramienta para neutralizar la LPB.
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Gómez Álvarez destacó el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes, tras una orden judicial, fueron eliminados de la LPB, lo que les permitirá operar en el sistema financiero sin restricciones, pese a contar con orden de aprehensión. Se espera que sean extraditados desde Estados Unidos para enfrentar la justicia en México.
Con estas iniciativas, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, asegurando que los mecanismos de control financiero sean efectivos y que la impunidad no siga prevaleciendo en el sistema judicial del país.
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