El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP) ha brindado asesoría y orientación jurídica gratuita a 106 mujeres indígenas durante 2026, además de proporcionar defensa penal a 11 integrantes de este sector, como parte de las acciones impulsadas por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez para garantizar sus derechos y facilitar el acceso a la justicia.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el organismo, sectorizado a la Consejería Jurídica, informó que también realizó 95 estudios socioeconómicos para determinar la procedencia del patrocinio jurídico gratuito en asuntos familiares, civiles y mercantiles.
Estas acciones están dirigidas a mujeres pertenecientes a los cinco pueblos originarios del Estado de México: mazahuas, nahuas, matlatzincas, otomíes y tlahuicas, con el objetivo de que cuenten con acompañamiento jurídico y puedan ejercer plenamente sus derechos bajo condiciones de igualdad y con perspectiva intercultural.
Uno de los casos atendidos es el de Carmela Rivera Bernal, mujer de 77 años, originaria de la comunidad mazahua de San Juan de las Manzanas, en Ixtlahuaca. Tras el fallecimiento de su hija, ella y su esposo enfrentaron la necesidad de realizar un procedimiento legal para acceder a la pensión que les correspondía.
Con el apoyo de su hijo, Gregorio Velázquez Rivera, Carmela acudió al IDP, donde recibió orientación, acompañamiento y patrocinio jurídico para iniciar un juicio de dependencia económica.
“Si no, no íbamos a hacer nada, yo digo claro que ni sé leer, ni sé llegar a los lugares a dónde hemos ido. Yo no sabía de esto”, relató la mujer, al explicar las dificultades que enfrentó para iniciar el procedimiento.
Gregorio Velázquez destacó la importancia de contar con este tipo de respaldo institucional, particularmente para personas que carecen de recursos o desconocen los procedimientos legales.
“Es una ayuda muy grande y aparte de eso, el gobierno realmente es humanista, más que nada en cuestión de que el pueblo, la gente o la ciudadanía, siempre tiene necesidades diferentes, pero la ayuda jurídica es muy importante”, señaló.
Como parte de la estrategia El Poder de Servir, el Instituto de la Defensoría Pública cuenta también con defensores públicos certificados en lengua otomí y mazahua, lo que permite ofrecer atención con pertinencia lingüística y acercar los servicios jurídicos a las comunidades indígenas de la entidad.
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Velázquez Rivera subrayó que la labor de la Defensoría representa un respaldo para quienes enfrentan problemas legales y, por diferentes circunstancias, no se acercan a las autoridades para solicitar apoyo.
“La Defensoría realmente cumple con su trabajo, generalmente es una ayuda muy grande en el aspecto jurídico”, afirmó, al reconocer la atención proporcionada por las autoridades.
El Gobierno del Estado de México refrendó así su compromiso de fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres indígenas y garantizar que las diferencias culturales, lingüísticas o económicas no constituyan obstáculos para el ejercicio de sus derechos.
Para conocer más sobre los servicios disponibles, el IDP invita a consultar su portal oficial y sus redes sociales institucionales.
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