Durante el año 2025, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local recibió 3 mil 987 denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que refleja la importancia de la participación ciudadana en la protección de la infancia.
¿Cómo se atienden las denuncias por posibles abusos?
De acuerdo con el organismo, la totalidad de los casos fue canalizada a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde equipos multidisciplinarios —integrados por trabajadores sociales, psicólogos y abogados— brindaron atención especializada con perspectiva de infancia.
Estas células tienen como función principal evaluar las condiciones de riesgo en las que se encuentran los menores y definir las acciones emergentes necesarias para su protección y acompañamiento.
¿En qué consiste la evaluación de riesgo?
El proceso inicia con el análisis del reporte recibido, a partir del cual se establece un plan de acción. Posteriormente, el personal se traslada al domicilio señalado para aplicar un tamizaje, herramienta que permite conocer el entorno social, las dinámicas familiares y posibles factores de riesgo.
Los resultados de esta evaluación se clasifican en cuatro niveles, identificados por colores:
Verde: no existe vulneración de derechos.
Amarillo: situación que requiere seguimiento.
Rojo: riesgo alto para el menor.
Dorado: afectación grave a la vida, salud o integridad, lo que obliga a una intervención inmediata.
¿Qué ocurre cuando el riesgo es grave?
Cuando el nivel de riesgo lo amerita, el equipo traslada a los menores a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde el Ministerio Público determina si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación por un posible delito.
De manera paralela, la Procuraduría busca redes de apoyo familiares o comunitarias para que los niños y adolescentes permanezcan en un entorno seguro. En caso de no localizar personas idóneas, el Ministerio Público otorga al DIF la custodia temporal, y los menores son canalizados a un Centro de Asistencia Social, donde se cubren sus necesidades básicas y se da seguimiento a su desarrollo integral.
¿Por qué la institucionalización no es un castigo?
El DIF capitalino subrayó que la institucionalización es una medida de protección y no de sanción, cuyo objetivo es prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de la infancia mientras se resuelve la situación jurídica y familiar de cada caso.
Finalmente, el organismo reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar de forma confidencial cualquier caso de maltrato infantil, recordando que la intervención oportuna puede marcar la diferencia en la vida de niñas, niños y adolescentes.
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