Diputada Diana Sánchez Barrios impulsa Parlamento del Comercio Popular

La legisladora Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, encabezó la inauguración del Foro del Comercio Popular en la Ciudad de México.

Con el objetivo de analizar, discutir y proponer soluciones a las problemáticas que enfrenta este sector.

En su intervención, la legisladora destacó la iniciativa para crear el Parlamento del Comercio Popular dentro del reglamento del Congreso capitalino, con el propósito de que los comerciantes cuenten con un espacio legislativo propio donde puedan exponer sus necesidades, conocer avances regulatorios y ejercer plenamente sus derechos sociales, económicos y culturales.

“Este sector representa a uno de los grupos más vulnerados, discriminados y abandonados de la sociedad mexicana. Históricamente hemos sido olvidados, sin políticas públicas ni derechos sociales, y con frecuencia somos perseguidos y estigmatizados”, señaló Sánchez Barrios.

Recordó que en la II Legislatura presentó una iniciativa ciudadana y preferente, respaldada por miles de firmas, para regular el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública, conocida como ‘Chambeando Ando’.

Esta propuesta busca otorgar seguridad jurídica a quienes laboran en espacios públicos y fomentar un desarrollo económico incluyente.

La diputada subrayó que el trabajo es parte de la dignidad humana y que se requiere un nuevo marco jurídico que garantice los derechos de quienes dependen del comercio popular para subsistir. “Es urgente que nos organicemos y participemos para exigir la efectividad de nuestros derechos laborales y sociales”, afirmó.

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En el evento también participó la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, quien respaldó la creación del Parlamento del Comercio Popular y reconoció la importancia de rescatar la iniciativa de Sánchez Barrios para fortalecer los derechos humanos y sociales de este sector.

Asimismo, funcionarias como Hilda Téllez Lino, Ruth Francisca López Gutiérrez y Nadia Sierra Campos coincidieron en la necesidad de contar con un marco jurídico que proteja tanto la actividad económica como los derechos humanos de los comerciantes populares.