La Cámara de Diputados aprobó una reforma para que las instituciones financieras permitan la cancelación de tarjetas de crédito o débito no solicitadas por los usuarios, mediante mecanismos digitales o telefónicos.
La normativa establece que las entidades deben completar la cancelación en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin aplicar comisiones o penalizaciones, y entregar un comprobante que certifique la terminación del contrato.
También se prohíbe que se emitan tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario, cobrar anualidades, intereses moratorios o afectar el historial crediticio por no utilizar una tarjeta que no fue solicitada.
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