La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada ha escalado hasta impactar a menores de edad, con algunos estados impulsando medidas para prohibir su acceso a escuelas públicas.
El mandatario autorizó redadas en lugares previamente considerados sensibles por la DEA, como escuelas e iglesias, lo que ha generado respuestas divididas en diferentes estados.
Mientras Denver presentó una demanda para frenar las redadas en su distrito escolar, en Tennessee, legisladores republicanos buscan impedir que los distritos escolares matriculen a niños sin estatus legal.
“Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”, expresó el representante William Lamberth. En este mismo estado, el gobernador Bill Lee no se ha pronunciado sobre la iniciativa, pero ya firmó una ley que restringe el acceso de estudiantes sin estatus legal a becas para colegios privados.
En Indiana, un proyecto de ley pretende facultar a los distritos escolares para rechazar la inscripción de menores indocumentados.
De ser aprobado, el fiscal general tendría la responsabilidad de defender legalmente a las escuelas en caso de demandas. Además, la propuesta obliga a los colegios a reportar el número de alumnos sin documentos, su tasa de asistencia y la cantidad de maestros bilingües.
Texas también busca implementar un sistema de registro de estudiantes sin papeles para exigir al Gobierno federal el reembolso de los costos anuales de su matrícula.
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Por otro lado, en Oklahoma, el superintendente estatal republicano Ryan Walters apoya la presentación obligatoria de pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al momento de la inscripción. Aunque la medida no prohibiría la matrícula de alumnos indocumentados, sí impondría un censo estatal para monitorear su presencia en las aulas.
Esta política ha sido aprobada por la Junta de Educación de Oklahoma, pero el gobernador Kevin Stitt ha expresado su intención de frenarla, argumentando que la persecución debe dirigirse hacia quienes cometen delitos, y no a los estudiantes.
Las iniciativas promovidas en estos estados han desatado un debate sobre los derechos educativos de los menores indocumentados, enfrentando a quienes buscan endurecer la política migratoria con quienes defienden el acceso universal a la educación.
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