El Cartel inmobiliario de Rosarito

Parte I

Marco Pérez Hernández

Baja California tiene su propia versión del Cártel Inmobiliario de la ciudad de México. Como en la capital del país, allá han quedado al descubierto una serie de maniobras ilegales, avaladas por autoridades, para obtener ganancias ilegales con la especulación inmobiliaria.

Pero lo que ocurre en esa entidad del noroeste de México no es únicamente la autorización de construcciones ilegales o pisos adicionales y excedentes a los permitidos por la norma vigente, en edificios regulares, allá pasa algo mucho más grave y también grotesco.

En el municipio contiguo a Tijuana, Playas de Rosarito, se ha descubierto la ejecución regular y sistemática de compraventas de tierra fuera de la ley que implican por lo menos dos delitos: despojo y fraude. Estas ventas están orquestadas, de forma conjunta, en contubernio, entre algunos integrantes del comisariado ejidal del Ejido Primo Tapia, en Rosarito, y una mujer de nombre Susana López Gámez, quien parece el cerebro financiero, y también legal, de una operación dedicada a la venta de lotes de una zona fraccionada de la tierra ejidal, cuya legítima propiedad corresponde a otra persona, en este caso a la viuda y heredera de otro ejidatario: el finado Antonio Pequeño Guerrero.

Erick Castellanos Sánchez es un personaje clave en esta historia. Presidente del actual Comisariado Ejidal de Primo Tapia, representa la palanca dentro de la estructura legal del ejido, que ha permitido, presumiblemente a cambio de beneficios económicos para él y quienes la apoyan, la comercialización inmobiliaria sobre una parte de la tierra previamente subdividida y lotificada, pero reconocida por el propio Ejido a favor de Antonio Pequeño Guerrero, y donde se encuentra asentado el fraccionamiento Villas de San Pedro.

Fraccionar y lotificar, e incluso convertir en propiedad privada una parte de las tierras ejidales no está prohibido, pues desde la reforma constitucional de los años de Carlos Salinas de Gortari se autorizó y reglamentó esa figura legal.

El problema empieza cuando la ambición de algunos ejidatarios es azuzada por quienes, disfrazados de desarrolladores inmobiliarios, se dedican al despojo de tierras, en este caso de un fraccionamiento completo, para venderlas de forma ilegal a clientes que, como compradores de buena fe, son engañados a partir de la ilusión de comprar un terreno donde podrán construir no solo una vivienda, sino la base de un patrimonio para sus familias.

La operación de fraude no es cualquier cosa y cuando se trata de bienes inmuebles resulta particularmente compleja. En este caso, la orquestadora, Susana López Gámez se ha valido de una relación previa con el propio Ejido Primo Tapia y un proyecto de desarrollo inmobiliario legítimo de los años noventa, el fraccionamiento Villas de San Pedro, para colarse hasta las entrañas de la organización social: el Ejido. Avalada por el actual presidente del Comisariado Ejidal, Erick Castellanos para ostentarse con facultades y atribuciones, Susana López Gámez lleva años ofreciendo, vendiendo y cobrando por lotes del fraccionamiento Villas de San Pedro, que ni son de su propiedad, ni tampoco tiene derecho a vender como comisionista.

Te puede interesar: FGR asegura metanfetamina en inmueble de Baja California

El principio que sustenta la propiedad privada es sencillo y muy claro: nadie puede vender legalmente lo que no es suyo, a menos que esté facultado expresamente por el propietario para hacerlo a su nombre. Susana López Gámez no es propietaria y tampoco está facultada ni por Antonio Pequeño Guerrero ni por su heredera, para vender predios en el fraccionamiento Villas de San Pedro.

Sin embargo, a través de la manipulación de asambleas ejidales y en contubernio con autoridades actuales del propio ejido, Erick Castellanos en particular, ha logrado la elaboración de actas de asamblea que pretenden desconocer resoluciones previas del propio ejido y le otorgan la calidad de administradora de los lotes que años antes ya habían sido declarados, por el propio Ejido, patrimonio de Antonio Pequeño Grande, y tras su fallecimiento, reconocidos a favor de su viuda y heredera.

Esos derechos, los de Antonio Pequeño Grande, están reconocidos, tanto por el Ejido como por una sentencia judicial del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 a favor de María Guadalupe Salazar Gutiérrez, su viuda y legítima heredera.

A partir de que la viuda del desarrollador original del fraccionamiento Villas de San Pedro inició acciones legales para recuperar su patrimonio, los defraudadores Susana López Gámez y sus cómplices, no solo están nerviosos, han tratado de usar a sus clientes, algunos compradores de buena fe, para que estos inicien un “movimiento social de protesta”, en defensa del que consideran su patrimonio, señalando a la heredera como la villana que quiere quitarles sus casas, cuando en realidad, los malos de la película son la vendedora que vendió sin tener ni derecho ni facultades para hacerlo, y el actual presidente del Comisariado Ejidal de Primo Tapia, Erick Castellanos, que le ha dado un aparente, pero falso y por lo tanto fraudulento, sustento legal a esas operaciones de compraventa.

(Continuará)