El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno la reforma al artículo 269 Bis del Código Penal estatal, un avance jurídico decisivo para combatir el acoso sexual mediante la promoción de la denuncia, la garantía de atención a víctimas y el endurecimiento de sanciones.
Con el Decreto Número 216, el Estado de México se integra al Pacto Xicoténcatl, iniciativa nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar las leyes de protección a las mujeres en todo el país. Este esfuerzo busca eliminar vacíos legales, reforzar la protección y asegurar procesos penales con enfoque de derechos humanos.
La modificación establece que comete acoso sexual quien realice una conducta de naturaleza sexual no consentida hacia cualquier persona, siempre que esta afecte la dignidad de la víctima o resulte indeseable. La reforma subraya que un solo acto es suficiente para presentar una denuncia.
Asimismo, amplía el alcance del delito a espacios públicos, instalaciones y transporte de pasajeros, proporcionando mayor protección en calles, mercados, terminales y unidades de transporte. También contempla sanciones más severas cuando la conducta sea reiterada o se cometa aprovechando situaciones de desventaja, indefensión o riesgo inminente.
La reforma incluye medidas estrictas para servidoras y servidores públicos de instituciones policiales, de procuración o administración de justicia que se nieguen a recibir denuncias o intenten persuadir a las víctimas de no interponerlas. En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, además de multas, destitución e inhabilitación del cargo.
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El texto normativo señala que en la interpretación y aplicación del delito deberá considerarse la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de las víctimas, con el fin de evitar la revictimización y garantizar procesos sensibles y justos.
Con esta actualización legislativa, el Estado de México se coloca entre las primeras entidades en adecuar su marco jurídico para fortalecer la persecución del acoso sexual y asegurar a las mexiquenses una vida libre de violencia, reafirmando el compromiso de la administración estatal con la justicia y los derechos de las mujeres.
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