En la Ciudad de México, la diputada Patricia Urriza Arellano hizo un llamado a autoridades capitalinas para garantizar que las y los trabajadores de limpia perciban al menos el salario mínimo vigente, al señalar que actualmente reciben en promedio cinco mil 400 pesos mensuales, cifra muy por debajo de los nueve mil 500 pesos establecidos.
Durante sesión en el Congreso local, la legisladora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un Punto de Acuerdo dirigido al Gobierno de la Ciudad de México, así como a las secretarías de Obras y Servicios y de Administración y Finanzas, con el objetivo de que se cumpla el salario mínimo determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Desde tribuna, Urriza Arellano denunció que 17 de los 19 niveles de nómina dentro del Sindicato de Trabajadores de Limpia no alcanzan el salario mínimo, lo que, afirmó, representa una violación a los derechos laborales establecidos por el propio Congreso capitalino.
Asimismo, recordó que el Artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México establece que ninguna persona trabajadora debe percibir menos de dos salarios mínimos; no obstante, cuestionó la existencia de un artículo transitorio que pospone el cumplimiento de esta disposición hasta el año 2030.
La legisladora también solicitó al Gobierno capitalino la entrega de un informe detallado sobre las acciones emprendidas para garantizar este derecho, así como la presentación de un plan integral que asegure que todos los trabajadores del sector público, independientemente de su dependencia, reciban al menos el salario mínimo.
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En su intervención, destacó además que el Sindicato de Trabajadores de Limpia actualmente carece de dirigencia, situación que complica la gestión de beneficios laborales para sus agremiados.
Aunque el Punto de Acuerdo fue presentado ante el pleno, no fue considerado de urgente y obvia resolución. Por ello, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó la propuesta a las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y eventual dictaminación.
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