El titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero, expresó su respaldo a Ariadna Montiel Reyes, al destacar su trayectoria en el servicio público y su participación en causas sociales vinculadas con la atención a los sectores más vulnerables de la población.
En su posicionamiento, Quintero manifestó su solidaridad con Montiel Reyes y subrayó la importancia de que cualquier señalamiento relacionado con posibles vínculos con grupos delictivos esté sustentado en pruebas verificables, a fin de propiciar un debate público responsable.
El funcionario también se refirió al contexto político en Chihuahua y a la necesidad de que las diferencias entre actores públicos se conduzcan con apego a la legalidad, transparencia y responsabilidad institucional.
Asimismo, el pronunciamiento cuestionó el uso de señalamientos públicos sin evidencia presentada y planteó que las acusaciones de esta naturaleza deben abordarse mediante los procedimientos correspondientes, evitando que la discusión política sustituya el análisis de los hechos.
Trayectoria y compromiso social
En su mensaje, Armando Quintero destacó la trayectoria de Ariadna Montiel Reyes en el servicio público, particularmente su participación en iniciativas relacionadas con la educación pública, el combate a la pobreza y la atención a familias en condiciones de vulnerabilidad.
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También hizo referencia a la importancia de mantener la atención en las necesidades de los pueblos originarios de Chihuahua y de otros sectores que requieren políticas públicas orientadas a mejorar sus condiciones de vida.
En este contexto, el posicionamiento sostuvo que la trayectoria de una persona debe valorarse a partir de su desempeño, mientras que cualquier señalamiento debe examinarse con objetividad y con base en elementos comprobables.
Llamado a la responsabilidad pública
El pronunciamiento de Quintero planteó que el debate político debe contribuir a esclarecer los hechos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, sin recurrir a descalificaciones personales ni a conclusiones anticipadas.
De igual manera, destacó que la rendición de cuentas constituye una responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas y que el escrutinio debe aplicarse con criterios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
La discusión pone de relieve la importancia de distinguir entre las posturas políticas y los hechos que puedan acreditarse mediante evidencias, en un entorno donde la ciudadanía demanda información confiable y actuaciones institucionales responsables.
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