La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) una serie de propuestas para fortalecer la investigación y persecución de delitos de alto impacto, entre ellos la desaparición de personas, extorsión y feminicidio, además de impulsar reformas legislativas y mecanismos de profesionalización.
Durante la LIV Asamblea Plenaria de la CNPJ, presidida por la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se alcanzaron acuerdos orientados a homologar capacidades, procedimientos y criterios de actuación entre las fiscalías del país en materia de derechos humanos, investigación criminal, capacidades forenses, incidencia delictiva y atención a víctimas.
Uno de los principales temas abordados fue la desaparición de personas, considerada uno de los mayores desafíos para las instituciones de procuración de justicia debido a la necesidad de fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación, la coordinación entre autoridades y la atención integral a las víctimas y sus familias.
En este marco, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, encabezada por Mariana Díaz Figueroa, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsó una Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional para las fiscalías especializadas en desaparición.
La estrategia contempla un diagnóstico nacional sobre las capacidades, necesidades, fortalezas y áreas de oportunidad de las fiscalías estatales, con el objetivo de identificar brechas, compartir buenas prácticas y establecer acciones coordinadas para mejorar la búsqueda, localización, identificación e investigación de personas desaparecidas.
Asimismo, fue aprobada la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, elaborada mediante un proceso participativo con familias, colectivos, organismos internacionales y sociedad civil. El documento establece una metodología nacional con perspectiva de derechos humanos e incorpora un enfoque diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad.
También se aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido vs. México.
Refuerzan estrategia contra la extorsión
En materia de extorsión, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, presentó un Manual de Operaciones para las fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir este delito.
El documento busca homologar la actuación institucional, mejorar la atención y protección de las víctimas y fortalecer las investigaciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para desarticular estructuras criminales dedicadas a la extorsión.
Respecto al feminicidio, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, presentó el proyecto de decreto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, propuesta del Ejecutivo Federal que se encuentra en análisis ante la Comisión Permanente del Senado.
La iniciativa plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada.
El proyecto contempla un tipo penal homologado, 10 razones de género, 19 agravantes y penas de 50 a 70 años de prisión, además de sanciones para los casos de tentativa.
Fortalecen capacidades forenses y profesionales
Durante la asamblea, el Instituto Nacional de Ciencias Penales presentó una nueva oferta académica dirigida a fiscalías y procuradurías, que incluye especialidades, maestrías, doctorados, diplomados, cursos y talleres, tanto presenciales como a distancia.
En materia forense, Israel Agüero, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, expuso acciones para conocer y fortalecer las capacidades de las instituciones estatales y federales, así como para mejorar la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses.
A su vez, David Zepeda Jones, titular del Centro Federal Pericial Forense, presentó el proyecto de Guías de Valoración de la Prueba Pericial, orientado a facilitar la comprensión de las especialidades forenses y fortalecer la valoración de las pruebas.
Los dos primeros tomos abordan áreas como genética, toxicología, identificación humana, odontología, balística, medicina forense y criminalística de campo. El tercer volumen se encuentra en elaboración e incorporará identificación facial, química forense, con énfasis en fentanilo, y medicina forense relacionada con mecánica y certificación de lesiones.
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Proponen reformas al procedimiento penal
En materia legislativa, David Boone de la Garza presentó una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, enfocada en agilizar y fortalecer la investigación de delitos, particularmente los de alto impacto, además de reforzar las garantías de las víctimas.
La propuesta fue adoptada por las 32 fiscalías estatales para su enriquecimiento e impulso conjunto, con la finalidad de dotar a las instituciones de mejores herramientas jurídicas y contribuir a reducir los niveles de impunidad.
Al concluir los trabajos, Ernestina Godoy Ramos agradeció la participación de las fiscalías y procuradurías del país, así como de las instituciones y organismos invitados, y subrayó que los acuerdos deben convertirse en acciones concretas que contribuyan a la Estrategia Nacional de Seguridad.
La Fiscal General destacó que el fortalecimiento de la procuración de justicia requiere tanto de capacidades institucionales como de coordinación entre autoridades, por lo que refrendó el compromiso de mantener un trabajo estrecho con las fiscalías estatales.
La Fiscalía General de la República señaló que esta coordinación continuará mediante sus fiscalías federales, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Inteligencia Criminal y las áreas periciales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y la judicialización de los delitos federales.
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