Una disposición interna del INFONAVIT está generando preocupación en el ámbito jurídico al provocar el rechazo sistemático de trámites inmobiliarios legítimos realizados mediante poderes notariales.
Se trata de la Nota Operativa 05/2025 (Proceso AC.02.10), un criterio administrativo que, desde febrero de este año, ha comenzado a aplicarse sin reforma legal previa y con efectos directos sobre miles de ciudadanos.
De acuerdo con información disponible, el instituto estaría rechazando operaciones cuando estas se realizan a través de poderes notariales para actos de dominio, aun cuando dichos instrumentos fueron otorgados conforme a la ley, ante notario público y registrados formalmente.
El punto crítico es que esta disposición no es una ley ni un reglamento, sino un lineamiento interno. Sin embargo, en la práctica está operand o como una restricción que invalida actos jurídicos previamente reconocidos.
Especialistas advierten que esto podría representar violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica, así como la aplicación indebida de normas con efectos retroactivos. En términos simples: una circular administrativa estaría anulando derechos que sí reconoce la ley.
Desde febrero, usuarios han reportado que el INFONAVIT rechaza operaciones cuando interviene un apoderado legal, desconociendo la validez de poderes notariales correctamente otorgados y condicionando trámites a requisitos no previstos en la legislación vigente.
Esto implica que personas que legalmente delegaron su representación no pueden ejercer ese derecho, sin que exista una reforma legal que lo justifique.
Otro punto delicado es la exigencia de incluir la CLABE interbancaria en instrumentos notariales. Expertos consideran que esta práctica no tiene sustento legal claro, introduce datos sensibles en documentos públicos y puede vulnerar el secreto bancario y la protección de datos personales.
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El impacto ya comienza a sentirse: operaciones inmobiliarias detenidas, costos adicionales para los usuarios, incertidumbre en el mercado y posibles litigios contra la autoridad.
En el fondo, advierten especialistas, se trata de un intento de sustituir la ley mediante criterios administrativos internos.
Los poderes notariales siguen siendo válidos conforme al marco legal vigente. Su rechazo, sin una reforma de fondo, debilita el sistema jurídico y abre la puerta a discrecionalidad administrativa.
Ninguna circular administrativa puede estar por encima de la ley.
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