Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue sentenciado a 38 años de cárcel por su colusión con el Cártel de Sinaloa, un golpe contundente a la figura que alguna vez fue pieza clave en la lucha contra el narcotráfico en México.
El fallo, dictado el 16 de octubre de 2024 por el juez Brian Cogan en una corte de Brooklyn, marca el fin de un largo y polémico proceso judicial.
García Luna, quien fue considerado uno de los principales arquitectos de la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico y por mentir bajo juramento.
La sentencia impone no solo 460 meses de prisión, sino también una multa de 2 millones de dólares.
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Además, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez que salga de la cárcel.
Este proceso legal ha captado la atención internacional debido a las graves implicaciones de los cargos.
La Fiscalía de Estados Unidos había solicitado cadena perpetua y una multa de al menos 5 millones de dólares, argumentando la severidad de los delitos. Por su parte, la defensa de García Luna buscaba una condena mucho menor, de 20 años, citando la falta de pruebas directas de su involucramiento en el tráfico de drogas.
Sin embargo, la sentencia de 38 años refleja la gravedad de sus crímenes, sin llegar a la pena máxima solicitada por la fiscalía.
El caso había sido aplazado en múltiples ocasiones desde que García Luna fue declarado culpable en 2023.
Los testimonios presentados durante el juicio mostraron su colusión con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo, lo que desató un escándalo político tanto en México como en el extranjero.
La condena de García Luna es vista como un precedente histórico en la lucha contra la corrupción a nivel gubernamental, ya que exhibe el profundo nivel de complicidad entre el crimen organizado y las altas esferas del poder en México.
Este juicio, además de la condena a Joaquín “El Chapo” Guzmán, también presidida por el juez Cogan, reafirma el compromiso de las autoridades estadounidenses para perseguir a quienes, desde el poder, facilitaron el crecimiento de los cárteles mexicanos.
Con esta sentencia, se cierra un capítulo crucial en la historia de la seguridad en México, pero quedan abiertas muchas preguntas sobre la corrupción y la impunidad que persisten en el país.
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