El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar una búsqueda del número de denuncias penales que presentó por contrabando de combustibles ingresados a México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La SHCP debe precisar la fecha de la denuncia, instancia ante la cual se presentó, delitos imputados, nombre de la persona denunciada, indicando si se trata de servidora o exservidora pública, o bien, particular.
En los casos de las personas servidoras o exservidoras públicas, debe especificar también la dependencia y área donde labora o laboró, periodo, acciones realizadas, sanciones impuestas, aduanas donde operó, así como tipo y cantidad de combustibles contrabandeados, señalando si éstos fueron ocultados en cargamentos de lubricantes.
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Durante la sesión pública del Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez recordó que desde 2018 la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, a fin de combatir el robo de combustible, el cual contaría con la participación de 15 dependencias de gobierno, incluida la SHCP.
Explicó que el Plan surgió a partir de las pérdidas económicas a consecuencia de la proliferación de tomas clandestinas, la inclusión del crimen organizado y la colusión entre gasolineros, autoridades y los denominados huachicoleros. Como ejemplo, indicó que en 2017 el robo de combustible significó una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos, es decir, 200 millones de pesos diarios.
“A cinco años de la implementación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex resulta necesario e imprescindible poner a disposición de la persona solicitante y de la sociedad en general los resultados del combate al robo del combustibles, en cualquiera de las múltiples variantes de este fenómeno, ello con la finalidad de contar con elementos veraces que permitan medir y evaluar las acciones de las autoridades que participan en este esquema”, apuntó el Comisionado Alcalá al presentar el caso.
La persona que solicitó la información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que la SHCP manifestó su incompetencia para conocer sobre dichas denuncias y la orientó a realizar su requerimiento ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o la Comisión Reguladora de Energía.
Al presentar sus alegatos, la dependencia reiteró su respuesta al indicar que ninguna de sus unidades administrativas cuenta con facultades para poseer la información solicitada.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Alcalá Méndez determinó que la SHCP sí es competente, pues cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas relacionadas con la comisión de delitos, terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como coordinar el seguimiento de dichas denuncias.
Asimismo, se localizó un comunicado de la dependencia, donde la UIF anunció como parte de los avances del Plan Conjunto de Combate al Robo de Combustible, la presentación de 17 denuncias ante la FGR por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos y 9 demandas de amparo.
El documento señala también que, en dos ocasiones, se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó asumir competencia, buscar y proporcionar a la persona solicitante la información de su interés.
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