Justicia abierta, clave para evitar abusos en arraigo y prisión preventiva oficiosa: INAI

La implementación de la justicia abierta como un nuevo modelo de gobernanza es clave para recuperar la confianza de la sociedad en las instancias del Poder Judicial y evitar abusos en los procesos judiciales, como ha sucedido con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, planteó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, en los trabajos de la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto.

Durante su intervención en el panel “Aportes de la justicia abierta para el debido proceso”, expuso que este nuevo modelo de gobernanza está basado en cuatro pilares: participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación tecnológica, a partir de los cuales se busca abrir y acercar a las personas la labor judicial.

“Cuando hablamos de justicia abierta no solamente debemos limitarnos a la publicación de documentos, entiéndase sentencias, audiencias, listas de acuerdos, dictámenes periciales, etcétera; y no debemos perder de vista que los jueces, también, como cualquier autoridad, a la luz del primero constitucional, deben de juzgar bajo los principios de derechos humanos: interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad cada caso en particular”, puntualizó.

Alcalá Méndez señaló que las y los juzgadores tienen el poder de cambiar las realidades de las personas, de ahí la necesidad de conocer su actuar y cómo se desarrolla cada una de las etapas del proceso judicial.

En su oportunidad, José Antonio Guevara Bermúdez, Ex miembro del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, expuso que se tiene que garantizar que la persona tenga información sobre los motivos por los cuales es detenido y que tiene derecho a contar con un abogado de su elección o uno proporcionado por el Estado.

“Las obligaciones de transparencia, de publicidad de la autoridad en materia de detenciones pasa por tres momentos: previo y durante la detención, durante el juicio y el proceso y, con posterioridad al juicio, también existen obligaciones de transparencia y publicidad de su actuación”, indicó.

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A su vez, María del Carmen Cruz Marquina, Jueza de Oralidad Penal en el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, destacó que todas las personas víctimas de un delito -las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad, personas de la tercera edad, indígenas y personas trans- se merecen transparencia para saber y conocer cada uno de los detalles de un proceso circunstancial.

La Jueza se refirió al caso de una niña víctima de un delito -que se viralizó en redes sociales-, a la que dirigió una sentencia de lectura fácil, “en la que se le explicó cuál fue el resultado de su proceso en palabras sencillas, adecuadas a su edad y a su estado cognitivo. Ya existe legislación que establece que debe darse un trato diferenciado y especializado a las personas de la infancia para tratar de alcanzar un acceso a la justicia con igualdad”, expresó.

En su turno, Hilda Tello Lino, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que una constante, en relación con las personas privadas de la libertad, es la incertidumbre pues desconocen todas las reglas bajo las cuales van a ser juzgadas, quién les está acusando, de qué los están acusando.

“Hemos visto el agravio y la falta de respeto de las garantías del debido proceso. Hay esta acusación permanente de que las Comisiones defienden delincuentes; no hay una condición en la cual se sesgue la protección de los derechos humanos; sino por el contrario, se trata de garantizar el equilibrio procesal de las partes”, expresó.

Finalmente, Ángela Guerrero Alcántara, Directora del Centro de Estudios y Acción Justicia Social, señaló que cuando se ve en televisión un hecho delictivo, el pensamiento que se viene a la mente es que esa persona debe ir a prisión, en ocasiones, sin resolver si las personas son culpables o no.

“Lo que buscamos cuando se comete un delito es que esa persona tenga un castigo y esté en prisión, no pensamos en todas las medidas cautelares que debe haber antes de pensar en la prisión, en todos los procedimientos que se pueden llevar a cabo, en todos los eslabones que implica el proceso judicial y el papel que jugamos desde distintos espacios de responsabilidad; de ahí que las detenciones sin un juicio de prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, es el gran reto que se tiene a nivel judicial en el país”, apuntó.

El panel fue moderado Salvador Romero Espinosa, Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionado Presidente del órgano garante de Jalisco.