El Gobierno de México emprenderá acciones legales y diplomáticas para exigir justicia por la muerte de mexicanos relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reiterar que la administración federal no será omisa ante las violaciones a los derechos humanos de connacionales en centros de detención y operativos migratorios.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria aseguró que se brindará apoyo integral a las familias de las víctimas y se fortalecerá la asistencia consular para los mexicanos detenidos o afectados por las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.
La presidenta de México enfatizó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos en el exterior, particularmente a quienes migraron a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y cuyo único propósito ha sido desempeñarse de manera honesta.
El Gobierno de México ha remitido 11 notas diplomáticas de protesta formal a la administración estadounidense para exigir el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de dar seguimiento internacional a los casos.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que se tiene registro de 17 mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con ICE. De ellos, 14 murieron bajo custodia en centros de detención y tres perdieron la vida durante operativos migratorios. Entre estos últimos se encuentra el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien recibió disparos de agentes de ICE en Houston, Texas, el pasado 7 de julio.
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En respuesta a las instrucciones presidenciales, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el respaldo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales correspondientes y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a fin de que se investigue y sancione a quienes resulten responsables.
Además, el gobierno mexicano iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran los centros de detención contratados por ICE, mediante el envío de cartas de cese y desistimiento para exigir la modificación de las condiciones que presuntamente derivaron en la muerte de 14 mexicanos y que, de acuerdo con la administración federal, constituyen violaciones a los derechos humanos.
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