En México, la inclusión de las personas con discapacidad —un sector integrado por cerca de 8.8 millones de habitantes, de los cuales 46.5 % son hombres y 53.5 % mujeres, según el INEGI— no debe quedarse en declaraciones simbólicas, sino asumirse como una responsabilidad compartida entre ciudadanía, instituciones, autoridades y el sector privado.
Así lo señaló la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, coordinadora de Genética de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre.
Este año, la ONU enfatizó el llamado a “fomentar sociedades inclusivas para las personas con discapacidad para impulsar el progreso social”.

La especialista subrayó que únicamente mediante políticas sostenidas y acciones coordinadas será posible reducir desigualdades y garantizar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos, sin importar su condición.
Las personas con enfermedades raras (EERR) enfrentan desafíos aún más complejos. Además de las barreras en movilidad, diagnóstico y acceso a servicios, muchas viven rechazo social debido a su condición.
Entre ellas se encuentran quienes presentan talla baja o mucopolisacaridosis (MPS), un grupo de trastornos metabólicos hereditarios que afectan la capacidad celular para procesar azúcares. A pesar de avances legislativos y sociales, este sector continúa encontrando obstáculos que limitan su participación plena en la vida comunitaria.
Mariana Ramírez Duarte, activista con acondroplasia y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, destacó que la discapacidad no es un rasgo individual, sino el resultado directo de las barreras sociales:
“Cuando eliminamos obstáculos, permitimos que cada persona viva con dignidad y autonomía”.
Entre los avances en México resalta la modificación del Artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que reconoció la talla baja como una condición discapacitante desde 2018. Asimismo, siete estados —Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Jalisco— han adoptado el Escalón Universal, una medida que facilita la movilidad y autonomía; su implementación nacional se encuentra en proceso.

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Sin embargo, las brechas persisten. La mayoría de las enfermedades raras carecen de diagnóstico oportuno y el acceso a centros especializados sigue siendo limitado y desigual. Para quienes viven con MPS, no contar con hospitales cercanos o con personal médico capacitado representa un desafío constante que afecta su calidad de vida.

Especialistas y activistas coinciden: México ha avanzado, pero aún necesita fortalecer las políticas públicas, la sensibilización social y la infraestructura accesible para asegurar una verdadera inclusión.

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