El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que las reformas que contemplan la figura de los llamados “jueces sin rostro” buscan dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, así como erradicar el rezago, la corrupción y la falta de supervisión que persisten en el sistema de justicia.
En el documento Agenda Legislativa 2026, Monreal recordó que el 25 de junio de 2025 la Presidencia de la República remitió al Senado la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual se encuentra en análisis en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, y se prevé forme parte de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados en 2026.
El legislador explicó que las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tienen como objetivo establecer medidas de protección para preservar la seguridad de las personas juzgadoras. Para ello, se propone la adición del Capítulo VIII “De la protección de las personas”, que remite al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar la seguridad y el resguardo de identidad, a solicitud del Órgano de Administración Judicial.
Asimismo, destacó que la reforma permitirá que agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República adscritos a otras unidades administrativas puedan investigar y perseguir delitos en materia de delincuencia organizada, con el consentimiento de la unidad especializada correspondiente, mediante la modificación del artículo octavo de la ley.
Monreal señaló que otro cambio relevante establece que se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva cuando exista una sentencia judicial irrevocable emitida por tribunales nacionales o extranjeros, ya sea por la vía ordinaria o por terminación anticipada, en ambos sistemas penales vigentes.
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En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, indicó que la reforma busca fortalecer la impartición de justicia tras la reforma constitucional al Poder Judicial publicada en septiembre de 2024. Entre los objetivos se encuentra erradicar prácticas que generan rezago y corrupción, así como dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico coherente con los derechos humanos.
La iniciativa también considera la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, además de la delimitación de plazos procesales para garantizar una justicia pronta, expedita y completa. Finalmente, se incorporan criterios objetivos para la obtención lícita de pruebas y para la aplicación de medidas de seguridad que protejan a las personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada.
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