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Nueva Ley de Telecomunicaciones busca conectar a 15 millones de personas

La Ley de Telecomunicaciones apuesta por una transformación profunda de su sistema de conectividad, con una visión centrada en la justicia social.

El Gobierno de México presentó la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo central de cerrar la brecha digital que aún persiste en el país. La medida busca garantizar el acceso a internet para 15 millones de mexicanas y mexicanos que actualmente viven sin conectividad, al tiempo que promueve un modelo de comunicación más justo, soberano e inclusivo.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la nueva legislación redistribuye funciones que antes estaban concentradas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), transfiriéndolas a la recién creada Comisión Antimonopolio, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Subrayó que el espíritu de la reforma está inspirado en modelos internacionales como el de Brasil, con el fin de facilitar la cobertura en zonas rurales y marginadas, a través tanto de operadores privados como de CFE-Internet, en condiciones de igualdad.

La ley también restituye derechos fundamentales, como el de las audiencias a recibir información veraz y el de las radios comunitarias a operar con mayor libertad y apoyo. Asimismo, establece que el espectro de uso público podrá emplearse por autoridades, instituciones educativas y programas sociales, mientras que el espectro de uso comercial podrá ser utilizado tanto por operadores privados como por la CFE.

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El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, informó que de los 15 millones de personas sin internet, 10.2 millones viven en zonas sin cobertura y 4.4 millones en zonas donde sí existe infraestructura, pero las condiciones económicas impiden contratar el servicio. Recordó que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una expansión sin precedentes en materia de conectividad, pasando de 13 mil a 141 mil localidades conectadas y beneficiando a más de 97 millones de personas. Con ello se lanzó el programa Conectividad para el Bienestar, que permitió distribuir 2.9 millones de tarjetas SIM con servicio gratuito de 5 GB mensuales y mil 500 minutos para llamadas.

Pese a estos avances, el 8 por ciento de la población aún se encuentra fuera del alcance de las redes. Solo el 26 por ciento de quienes viven en localidades con menos de 200 habitantes tiene acceso a cobertura, frente al 96 por ciento de quienes habitan en zonas urbanas. Por ello, la nueva ley pretende regular el uso del espectro y la infraestructura para garantizar que ningún territorio quede excluido.

Entre los elementos clave de la ley se contempla la obligación de las empresas de telecomunicaciones de ofrecer cobertura en zonas rurales y en carreteras a cambio de incentivos fiscales; se garantiza el acceso igualitario a la infraestructura de los grandes operadores para servicios comunitarios, sociales y públicos; se reducen los requisitos para radios públicas y comunitarias, especialmente en regiones indígenas y afromexicanas, permitiéndoles recibir patrocinios y publicidad local; y se simplifican los trámites para el despliegue de nuevas redes.

La ley también incorpora derechos para los usuarios, como la posibilidad de adquirir dispositivos abiertos que permitan usar tarjetas SIM de cualquier empresa, con recargas accesibles en cualquier punto de venta. Además, se establecen medidas para conservar los recursos orbitales asignados a México y se establecen planes de contingencia en caso de pérdida de estos activos. Otro aspecto relevante es la regulación del cableado urbano, al ordenar el retiro de infraestructura que no esté en uso, y la obligación de las compañías de telecomunicaciones de bloquear señales en los centros penitenciarios para evitar usos ilícitos.

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La presidenta Sheinbaum informó también que se eliminó el artículo 109 de la propuesta inicial, con el fin de evitar interpretaciones erróneas sobre impuestos digitales. Asimismo, el artículo 210 establece que ningún gobierno extranjero podrá difundir propaganda política, ideológica o comercial en México, salvo que se trate de promoción turística, cultural o deportiva.

Finalmente, se contempla la creación de un organismo colegiado con independencia técnica dentro de la ATDT, integrado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, que será responsable de garantizar la implementación transparente y eficiente de esta nueva política de telecomunicaciones.

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