El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma a la ley para que se castigue hasta con 20 de años de prisión la tala de árboles en suelo de conservación.
Se trata de tres veces más de lo que actualmente contempla como máximo el Código Penal que castiga con hasta cinco años de prisión a quien derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.
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Además, la iniciativa también contempla una multa de hasta 1 millón de pesos.
La iniciativa presentada este lunes ante el Congreso de la Ciudad de México también incluye la agravante de que si quien viole la ley es servidor público o beneficiarios de programas sociales de protección al ambiente, la pena se elevará 50 por ciento.
Y si la tala de árboles afecta a la biodiversidad, recursos naturales, ecosistemas o especies endémicas, las penas se duplicarán.
La iniciativa también castiga con hasta 20 años de prisión a quien almacene, transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, adquiera, resguarde las materias primas maderables o la madera producto de la tala ilegal.
Y los establecimientos mercantiles o empresas que violen la ley serán suspendidos de la industria maderera por cinco años y con una multa de hasta 5.1 millones de pesos, además de las sanciones penales en lo individual.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, entregó este lunes en el Congreso de la Ciudad de México la propuesta de modificación.
Dijo que el objetivo es preservar los ecosistemas de la Ciudad de México, en particular los bosques de Tlalpan y Milpa Alta.
“La iniciativa que presentamos el día de hoy tiene como objetivo la preservación de los ecosistemas, principalmente, en las demarcaciones territoriales Tlalpan y Milpa Alta, una de las acciones urgentes a emprender por parte de del Gobierno local es el endurecimiento de las penalidades a fin de desincentivar y castigar la tala”, dijo.
Fausto Zamorano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informó que la iniciativa será presentada ante el pleno y enviada a comisiones en donde los diputados tendrán 45 días para analizarla y en su caso aprobarla.
El 59 por ciento del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación.
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