Con el objetivo de proteger a los usuarios del sistema financiero que han sido víctimas de delitos, el diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del grupo parlamentario de Morena, impulsa una iniciativa para prohibir el cobro por reposición de tarjetas bancarias en casos de robo o extorsión.
La propuesta plantea adicionar el artículo 8 Ter a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el fin de establecer que las instituciones financieras no podrán cobrar la reposición del plástico cuando el usuario acredite haber sido víctima de un delito mediante el documento correspondiente. En caso de incumplimiento, los bancos se harían acreedores a las sanciones previstas en la propia ley.
Castillo Morales subrayó la importancia de analizar y reformar el marco jurídico vigente para beneficiar a los usuarios, particularmente en situaciones ajenas a su voluntad y derivadas de la inseguridad, como la cancelación de tarjetas y los cobros posteriores por su reposición.
El legislador consideró que, ante conductas delictivas o situaciones de extravío, no debería existir un pago adicional para obtener nuevamente el plástico que resguarda los recursos del usuario, quien deposita su confianza y seguridad en una institución bancaria.
Asimismo, señaló que en robos a transeúntes, casa habitación, transporte público o incluso a instituciones bancarias, con frecuencia se sustraen tarjetas de crédito o débito que requieren ser reemplazadas.
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El diputado recordó que la extorsión implica presionar u obligar a una persona, mediante violencia o coacción, a realizar u omitir una acción con el fin de obtener un beneficio, lo que agrava la afectación económica a las víctimas.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las comisiones de las tarjetas de crédito corresponden a cargos por la prestación de servicios o penalizaciones, distintos al pago de intereses. A ello se suman comisiones por anualidad, disposición de efectivo o inactividad, previstas en los contratos bancarios.
En este contexto, Castillo Morales sostuvo que es necesario reformar la normatividad para apoyar a los usuarios y evitar cargas económicas adicionales derivadas de hechos delictivos. La iniciativa será analizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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