Con el objetivo de combatir la manipulación de resultados en el deporte profesional, el diputado Daniel Andrade Zurutuza, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para tipificar como delito la corrupción deportiva, proponiendo penas de dos a seis años de prisión y multas que van de mil a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta legislativa, que plantea adicionar un artículo 154 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, define la corrupción deportiva como el acto de aceptar, recibir, solicitar u ofrecer cualquier beneficio personal o económico con el fin de manipular, alterar, influir, dar ventaja o modificar el proceso o resultado de pruebas, encuentros, torneos o competencias en el ámbito profesional.
Asimismo, la iniciativa establece que las sanciones se duplicarán cuando las conductas involucren a personas con cargos de dirección, administración, empleo o colaboración en instituciones deportivas públicas o privadas, que, directa o indirectamente, otorguen beneficios para alterar los resultados de las competiciones.
En la exposición de motivos, el legislador destacó que el deporte desempeña un papel fundamental en el desarrollo de personas y sociedades, y que México ha logrado consolidarse como una nación destacada en esta práctica. Subrayó que la industria deportiva integra no sólo a los equipos, sino también a empresas de servicios y productos como medios de comunicación, patrocinios, manejo de deportistas, derechos de transmisión y comercialización de artículos deportivos.
Sin embargo, advirtió que el creciente valor económico del deporte lo convierte en un objetivo atractivo para prácticas fraudulentas y actos de corrupción, afectando su esencia y el espíritu competitivo que debe regir toda actividad deportiva.
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La iniciativa, turnada a la Comisión de Deporte para su análisis, subraya la ausencia en el marco jurídico mexicano de un tipo penal que sancione la alteración intencionada de resultados deportivos. Por ello, Andrade Zurutuza enfatizó la urgencia de incorporar esta figura en la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Finalmente, el legislador recordó que la corrupción deportiva no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de México, pero su proliferación representa un impacto negativo tanto en lo económico como en lo social, haciendo indispensable su reconocimiento y combate desde el ámbito legislativo.
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