En un paso decisivo hacia la modernización legislativa, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma que busca regular el uso de la firma digital electrónica, dotándola de certeza jurídica dentro de los procesos administrativos y legislativos del órgano parlamentario.
La propuesta, impulsada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), plantea reformar y adicionar diversas fracciones al artículo 4 de la Ley Orgánica y al artículo 2 del Reglamento del Congreso local. De aprobarse en el pleno, también se modificarían los artículos 45 y 278 del Reglamento, lo cual sentaría las bases normativas para la adopción institucional de la firma electrónica.
Durante la sesión, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez (MORENA), presidente de la comisión, subrayó la importancia de cerrar la brecha entre la gestión tradicional y las exigencias de un entorno digital: “El proceso actual presenta deficiencias como lentitud, altos costos operativos y riesgos de falsificación o extravío de documentos”.

La reforma destaca que, pese al avance de la digitalización en el sector público, muchos trámites aún requieren firmas manuscritas, lo que complica la validación de acuerdos, actos administrativos o legislativos. Se estima que la implementación de la firma digital contribuirá significativamente a optimizar tiempos, reducir el uso de papel, mejorar la trazabilidad de los documentos y reforzar la seguridad institucional.
En la discusión del dictamen, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) presentó una reserva para precisar la definición técnica de la firma digital electrónica, a fin de evitar ambigüedades legales y fortalecer su aplicación práctica en el marco parlamentario.
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Por su parte, el promovente Macedo Escartín calificó la reforma como “un paso firme hacia una modernización del poder legislativo, un acto de coherencia con los tiempos que vivimos, y una muestra clara de responsabilidad institucional”.
Una vez aprobado por la comisión, el dictamen será sometido a votación en el pleno del Congreso capitalino, donde se espera su respaldo como parte de una política integral de eficiencia, digitalización y transparencia en la función pública.
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