La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó un dictamen que busca fortalecer la transparencia salarial en México, mediante la obligación de informar los rangos de sueldo en las ofertas de empleo y establecer criterios claros para calcular las remuneraciones. La propuesta también pretende combatir las diferencias salariales injustificadas y las prácticas discriminatorias en los centros de trabajo.
El proyecto fue avalado por ocho votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, en el órgano legislativo presidido por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre. Las modificaciones planteadas contemplan cambios a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para garantizar que las personas trabajadoras conozcan las condiciones bajo las cuales se determina su salario.
Entre las disposiciones destaca la obligación de incluir el rango salarial en todas las ofertas y convocatorias para cubrir vacantes, independientemente de que se difundan por medios internos o externos. Con ello, se busca que las personas aspirantes tengan información suficiente sobre la remuneración antes de participar en un proceso de contratación.
El dictamen también plantea prohibir que una persona reciba un salario inferior al de otra que labore en el mismo centro de trabajo, ocupe el mismo cargo o realice funciones de igual valor, bajo condiciones equivalentes de puesto, jornada y eficiencia, cuando no exista una causa objetiva, razonable y proporcional que justifique la diferencia.
Otro de los cambios propuestos consiste en incorporar los tabuladores salariales por categoría laboral en los contratos colectivos. Asimismo, los documentos que establezcan las condiciones generales de trabajo deberán precisar la forma y los criterios utilizados para calcular las remuneraciones.
La propuesta señala además que carecerán de efectos legales las cláusulas que establezcan diferencias salariales injustificadas entre personas trabajadoras en condiciones equivalentes. Estas disposiciones tampoco podrán utilizarse para limitar o impedir el ejercicio de los derechos laborales.
En la argumentación del dictamen, la Comisión de Trabajo y Previsión Social sostuvo que hacer públicos los rangos salariales, los criterios de contratación, las políticas de ascenso y los mecanismos de evaluación contribuye a reducir los márgenes para decisiones arbitrarias o discriminatorias.
El acceso a esta información permitiría a las personas trabajadoras comparar su remuneración con las funciones que desempeñan, sus responsabilidades y sus capacidades profesionales. También facilitaría la identificación de posibles desigualdades y el ejercicio de sus derechos laborales.
Las y los senadores señalaron que la información salarial suele permanecer restringida o ser de difícil acceso, tanto para quienes buscan empleo como para quienes ya forman parte de una organización. Esta falta de referencias claras puede colocar a las personas candidatas en una posición desfavorable al negociar sus condiciones de contratación.
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La Comisión advirtió que las diferencias salariales injustificadas afectan especialmente a las mujeres y forman parte de una problemática más amplia de desigualdad de género en el mercado laboral. De acuerdo con los argumentos expuestos en el dictamen, diversos estudios internacionales han documentado obstáculos adicionales para las mujeres durante las negociaciones salariales, así como ofertas iniciales inferiores a las de hombres con perfiles similares.
En ese contexto, la iniciativa busca que la transparencia funcione como una herramienta para hacer visibles las diferencias de remuneración y establecer criterios verificables para justificarlas.
La aprobación en comisión representa un avance en el proceso legislativo de la propuesta, pero no significa por sí misma que las nuevas obligaciones ya estén vigentes. Su aplicación dependerá de que el dictamen continúe el procedimiento correspondiente y, en su caso, concluya con la aprobación definitiva y la entrada en vigor de las reformas.
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