El Senado aprobó con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones una reforma integral a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, encaminada a fortalecer la supervisión financiera y combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La reforma amplía el alcance de la ley para incluir nuevas definiciones como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta, e impone a entidades en sectores vulnerables la obligación de identificar, monitorear y reportar transacciones sospechosas.
Además, establece una mayor coordinación institucional entre la SHCP, la Guardia Nacional, la CNBV, la CNSF, Consar y autoridades internacionales para prevenir operaciones ilícitas.
Por su parte, el Código Penal se fortalece mediante ajustes al artículo 400 bis, y la UIF conserva su facultad como instancia denunciante.
También se amplía el plazo de conservación de documentación de 5 a 10 años y se permite que las autoridades realicen auditorías proporcionales al nivel de riesgo.
La reforma responde a las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones mexicanas, y ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión final.
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