El Pleno del Senado de la República inició la discusión del dictamen que propone reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer la revocación de mandato, reducir privilegios en organismos electorales y disminuir el gasto público en congresos locales y en la propia Cámara alta.
El proyecto, conocido como “Plan B” electoral, deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 17 de marzo. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales, además de nueve disposiciones transitorias para su implementación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, destacó que la reforma representa una transformación de fondo en la concepción del poder público, al pasar de un esquema de privilegios a uno basado en la responsabilidad y el mandato ciudadano. Subrayó que uno de los ejes centrales es fortalecer la revocación de mandato como una herramienta efectiva de participación democrática.
Asimismo, el legislador afirmó que la iniciativa busca eliminar excesos y beneficios injustificados en el servicio público, así como consolidar una cultura política sustentada en la sobriedad y la cercanía con la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, coincidió en que el dictamen redefine el ejercicio del poder como un deber público y no como un privilegio. Indicó que la propuesta también pretende fortalecer una democracia permanente, en la que la participación ciudadana no se limite a los procesos electorales.
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El proyecto incluye además ajustes en la integración de los ayuntamientos, con el fin de evitar distorsiones en la representación y garantizar que los recursos públicos se destinen de manera directa al bienestar de las comunidades.
En este contexto, se plantea elevar el principio de austeridad republicana a rango constitucional, al considerarlo un mandato ético que exige el uso eficiente, honesto y socialmente justo de los recursos públicos.
Durante la sesión, el Pleno rechazó con 77 votos en contra y 39 a favor una moción suspensiva presentada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien solicitó devolver el dictamen a comisiones para un análisis más detallado.
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