La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, reafirmó el compromiso del Poder Legislativo para que la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio se desarrolle con seriedad, transparencia y el respaldo institucional necesario, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres en todo el país.
Durante una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, en la que se definió la ruta crítica para dictaminar la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la legisladora subrayó que la nueva legislación busca homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas y establecer criterios uniformes para su investigación y sanción.
Castillo Juárez explicó que el proyecto permitirá fijar estándares mínimos de investigación con perspectiva de género, de manera que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como un posible feminicidio, evitando que las carpetas de investigación sean cerradas por negligencia, omisiones o prejuicios.
La senadora recordó que este criterio responde a obligaciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a partir de la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, que marcó un precedente para garantizar investigaciones con perspectiva de género. Asimismo, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la sentencia del caso García Andrade y otras contra México, estableció la obligación del Estado de garantizar la reparación integral del daño y la protección de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad por este delito.
La presidenta de la Mesa Directiva enfatizó que detrás de cada expediente existe una familia que ha luchado durante años para obtener verdad y justicia, por lo que el objetivo de la iniciativa es evitar que las víctimas indirectas enfrenten largos procesos judiciales para lograr el reconocimiento del delito y la sanción de los responsables.
La legisladora sostuvo que actualmente la tipificación del feminicidio presenta diferencias entre los códigos penales estatales, lo que genera criterios distintos para acreditar el delito y provoca que, en algunos casos, los asesinatos de mujeres sean reclasificados como homicidios simples.
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Advirtió que esta disparidad normativa ha derivado en una aplicación desigual de la justicia, pues las posibilidades de que un crimen sea investigado como feminicidio dependen de la legislación vigente en cada entidad federativa.
En ese contexto, afirmó que la aprobación de la nueva Ley General permitirá establecer un marco jurídico uniforme en todo el país, fortalecer la investigación con perspectiva de género y garantizar que las instituciones de procuración de justicia actúen bajo los mismos estándares para prevenir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa orientada a fortalecer el combate a la violencia de género y consolidar mecanismos de investigación y reparación del daño con alcance nacional.
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