El encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, anunció hoy la sentencia condenatoria contra 12 hombres armados implicados en el ataque perpetrado en junio de 2020 contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Los individuos fueron hallados culpables de homicidio calificado en agravio de tres personas, así como de tentativa de homicidio calificado contra otras cinco, incluyendo al actual aspirante al Senado por Morena, García Harfuch.
Lara López reveló que un tribunal de enjuiciamiento dictaminó penas de 50 años de prisión por cada vida perdida y 33 años y cuatro meses por tentativa de homicidio.
“A pesar de la suma de penas a cada acusado, alcanzando un total de 316 años y ocho meses de prisión, solo cumplirán 70 años como lo establece el Código Penal”, explicó el funcionario.
El fiscal destacó que, respecto al delito de homicidio calificado en grado de tentativa, los condenados deberán cubrir integralmente la reparación del daño, incluyendo perjuicios psicoemocionales y daños a vehículos relacionados con el atentado.
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Las investigaciones revelaron que los 12 hombres, provenientes de diversas regiones del país e incluso uno de nacionalidad colombiana, fueron contratados específicamente para llevar a cabo el ataque tres semanas antes del evento. Fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina tras intentar huir.
Organizados en células, los agresores se concentraron en la Ciudad de México, donde la noche anterior al ataque recolectaron armamento de distintas fuentes.
El día del evento, fueron desplazados a tres puntos estratégicos para interceptar el vehículo en el que se trasladaba García Harfuch.
“Como resultado de estos lamentables acontecimientos, una mujer ajena a la situación perdió la vida”, lamentó Lara López.
Este fallo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y el combate contra la impunidad en casos de alto perfil como el atentado contra García Harfuch, reflejando el compromiso de las autoridades en la persecución y castigo de los responsables de delitos graves.
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