La presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un acuerdo histórico en el que, en nombre del Estado mexicano, se reconoce que los actos de violencia gubernamental cometidos el 2 de octubre de 1968, durante el movimiento estudiantil, constituyeron un crimen de lesa humanidad. En este mismo acuerdo, se ofrece una disculpa pública a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana.
Durante su primera conferencia matutina, denominada “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum destacó que “hace 56 años en la Plaza de Tlatelolco, después de un movimiento estudiantil que pedía libertad y democracia, se perpetró una de las mayores atrocidades del siglo XX en México”. Recordó que la represión fue ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y resultó en asesinatos y encarcelamientos masivos de jóvenes que pedían un diálogo público.
Sheinbaum subrayó que ofrecer disculpas públicas por los crímenes del pasado “engrandece a los pueblos y garantiza la no repetición de atrocidades”. En este contexto, reconoció la importancia del movimiento estudiantil de 1968 como un catalizador para la participación política de la juventud y la sociedad mexicana en la lucha por un país más democrático.
En un tono personal, la presidente recordó su vínculo con el movimiento, dado que su madre, una profesora del Instituto Politécnico Nacional, fue activa participante del mismo, lo que marcó su trayectoria como luchadora social. “Soy hija del 68”, afirmó, añadiendo que vivió de cerca las consecuencias de la represión.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano, reconociendo la responsabilidad gubernamental en los crímenes de lesa humanidad cometidos el 2 de octubre de 1968. Rodríguez afirmó que este acto “no solo busca el reconocimiento de las atrocidades del pasado, sino garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse”.
El acuerdo firmado por la Sheinbaum Pardo incluye varios compromisos, entre ellos la instrucción para que se ofrezca una disculpa pública formal y se garantice la no repetición de actos de represión. Además, se fortalecen los derechos de las víctimas y sus familiares para buscar justicia y preservar la memoria histórica de los hechos.
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Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y sobreviviente de 1968, también intervino, destacando que el movimiento estudiantil sigue vivo a través de los principios democráticos que impulsó, ahora representados en la Cuarta Transformación. Gómez subrayó que el legado de la lucha estudiantil ha sido fundamental para el avance democrático del país.
Con este acto, el Gobierno de México busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia, reconociendo los crímenes del pasado y comprometiéndose a garantizar que nunca más se utilice la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.
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