La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un decreto para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en las plataformas digitales, mediante el retiro de contenidos que promuevan violencia, discursos de odio, abuso sexual, autolesiones, suicidio, acoso y otras conductas que pongan en riesgo su integridad.
La propuesta busca establecer obligaciones para las plataformas digitales, con mecanismos de prevención, supervisión y respuesta inmediata ante publicaciones que puedan afectar a la población menor de edad. El objetivo es convertir estos espacios en entornos más seguros, con medidas de protección que deberán operar desde el diseño y la configuración inicial de los servicios.
Durante su conferencia matutina, Las mañaneras del pueblo, Sheinbaum señaló que las empresas deberán desarrollar mecanismos para impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos nocivos. Explicó que el decreto se sustenta en la Constitución y en las disposiciones legales vigentes en materia de protección de los derechos de la infancia.
Sheinbaum Pardo indicó que la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) continuarán trabajando en el documento para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). También anunció la instalación de un grupo de trabajo para evaluar la necesidad de impulsar regulaciones adicionales o una legislación específica.
La iniciativa responde, de acuerdo con la presidenta, al compromiso de fortalecer la seguridad digital de la niñez, particularmente ante la difusión de contenidos que pueden promover la violencia en los entornos escolares. La medida pretende vincular la responsabilidad de las plataformas con las acciones institucionales de prevención y atención.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el decreto contempla medidas para evitar que las personas menores de edad reciban recomendaciones o tengan acceso a imágenes, videos y publicaciones relacionadas con extremismo violento, explotación sexual, trastornos alimenticios, ciberacoso, violencia escolar, actividades ilícitas y material sexual explícito.
Entre las obligaciones propuestas se encuentra identificar y retirar de manera inmediata cuentas y contenidos que promuevan cualquier forma de violencia. Asimismo, las plataformas deberán clasificar los materiales por edad, incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras, y habilitar mecanismos accesibles para denunciar usuarios o publicaciones que representen un riesgo.
Otro de los ejes es la protección desde la configuración inicial de los servicios. Las plataformas deberán establecer de manera predeterminada opciones de privacidad y seguridad que ofrezcan mayores salvaguardas para niñas, niños y adolescentes, sin depender exclusivamente de que las familias realicen ajustes posteriores.
El decreto también plantea fortalecer la colaboración con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Para ello, las empresas deberán disponer de un punto de contacto permanente, las 24 horas del día, para atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras, preservar y entregar evidencias, y alertar de inmediato cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
La estrategia gubernamental contempla complementar las medidas tecnológicas con acciones educativas y de atención a la salud emocional. Sheinbaum destacó el programa El ABC de las emociones, que incluye guías sobre salud mental y uso responsable de las plataformas digitales.
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Como parte de estas acciones, el Gobierno federal dedica una hora cada lunes a abordar temas emocionales, particularmente con estudiantes de tercer grado de secundaria y de educación media superior. Además, se han realizado 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia para tratar asuntos relacionados con el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta incorpora también la difusión de servicios de apoyo, como la Línea de la Vida, en el número 800-911-2000, para orientar a personas que requieran atención.
La Consejería Jurídica deberá instalar una mesa de trabajo encargada de coordinar propuestas regulatorias que fortalezcan la protección de menores en entornos digitales. El decreto está dirigido a plataformas que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.
El alcance de la medida coloca en el centro del debate la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la prevención de riesgos digitales y la necesidad de armonizar sus mecanismos de operación con la protección de los derechos de la infancia. Su implementación y las eventuales reformas legales determinarán cómo se traducirán estas obligaciones en mecanismos efectivos de vigilancia, denuncia y respuesta.
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