El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado su intención de utilizar a las Fuerzas Armadas e invocar una figura conocida como emergencia nacional para llevar a cabo sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.
La confirmación llegó este lunes a través de una publicación en su red social Truth Social, donde reaccionó con un enfático “¡CIERTO!” a un comentario del activista conservador Tom Fitton, quien previamente había señalado que la Administración entrante estaba considerando declarar una emergencia nacional para usar activos militares en la ejecución de las deportaciones.
Si bien la campaña de Trump no ha detallado públicamente cómo se llevará a cabo este ambicioso plan, deportar a millones de inmigrantes indocumentados fue una de sus principales promesas durante su campaña electoral.
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Para implementar estas medidas, Trump tiene previsto invocar la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, una legislación que otorga al presidente la facultad de actuar sin la necesidad de la aprobación del Congreso en situaciones percibidas como amenazas a la seguridad nacional.
Este recurso fue utilizado previamente por Trump en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir fondos destinados al Pentágono y financiar la construcción del muro fronterizo con México, una medida que fue objeto de múltiples demandas judiciales.
En sus declaraciones, Trump también ha planteado la movilización de reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y ha sugerido la reubicación de tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos, con el fin de aplicar las leyes migratorias.
Estas medidas marcan un giro significativo en la utilización de las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe explícitamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según el Brennan Center for Justice.
La aplicación de este plan podría generar una serie de implicaciones en la economía y la sociedad estadounidense.
Se estima que en Estados Unidos residen alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados, lo que podría afectar a más de 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, según la organización defensora de los derechos de los migrantes America’s Voice.
La implementación de estas deportaciones masivas podría generar un gasto multimillonario y una escasez de mano de obra en sectores clave de la economía, como la agricultura y los servicios, advierte el grupo no partidista American Immigration Council.
Este proyecto de deportaciones masivas ha levantado numerosas preocupaciones, tanto por sus implicaciones legales como por su impacto en la sociedad y economía del país.
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