Trump demanda a Nueva York por leyes migratorias santuario

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado un nuevo frente legal contra la ciudad de Nueva York.

Este jueves, el Departamento de Justicia presentó una demanda en la que acusa a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración, al mantener políticas conocidas como “leyes de ciudad santuario”.

Según el documento judicial, la ciudad ha interferido durante años en los esfuerzos del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias, al limitar la cooperación entre la policía local y los agentes de inmigración.

“La ciudad de Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país”, argumentaron los abogados del Ejecutivo.

La administración Trump sostiene que estas normativas no solo dificultan la labor de las agencias migratorias, sino que también representan un riesgo para la seguridad nacional. “Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado”, añadieron los representantes legales.

Esta demanda se suma a una serie de acciones similares que el Gobierno de Trump emprendió durante su mandato contra jurisdicciones lideradas por demócratas.

Ciudades como Los Ángeles, Denver y Chicago, así como los estados de Nueva Jersey y Nueva York, también han enfrentado litigios por políticas migratorias que el expresidente consideró permisivas.

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Las llamadas ciudades santuario se han convertido en un símbolo de resistencia frente a las medidas migratorias restrictivas impulsadas desde Washington durante la administración Trump.

Sin embargo, estas políticas han sido blanco constante de críticas por parte de sectores conservadores, que las acusan de facilitar la permanencia de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Aunque Trump ya no ocupa la presidencia, las consecuencias legales de su estrategia migratoria continúan desarrollándose en los tribunales. Este caso podría sentar un precedente para futuras disputas entre gobiernos locales y federales en materia de inmigración.