El gobierno de Donald Trump deportó a cerca de 980 mil personas entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, de acuerdo con un análisis del Migration Policy Institute (MPI), que también cuestiona la narrativa oficial de priorizar la expulsión de inmigrantes con antecedentes criminales.
El estudio fue elaborado a partir de información pública obtenida mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejara de publicar estadísticas de deportaciones en enero de 2025.
Las cifras corresponden a operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el marco de la política migratoria impulsada por Trump, quien regresó a la Casa Blanca con la promesa de ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia estadounidense y alcanzar un millón de expulsiones anuales.
La mayoría de las expulsiones ocurrió en la frontera
Según el MPI, aproximadamente 69 por ciento de las deportaciones estuvo relacionado con personas interceptadas en la frontera. De ese total, unas 340 mil fueron devueltas directamente por la CBP, mientras que otras 340 mil fueron detenidas en la zona fronteriza y posteriormente deportadas por ICE tras su procesamiento dentro de Estados Unidos.
El 31 por ciento restante, equivalente a unas 300 mil personas, correspondió a inmigrantes detenidos en el interior del país, muchos de los cuales probablemente llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses.
El informe identifica un crecimiento progresivo de estas operaciones. Las detenciones en el interior representaron 28 por ciento de las deportaciones en 2025, aumentaron a 34 por ciento durante el primer semestre de 2026 y llegaron a 39 por ciento en julio de ese año.
Asimismo, el promedio mensual de estas detenciones pasó de ocho mil durante los primeros tres meses del segundo mandato de Trump a 19 mil entre mayo y julio de 2026.
Migrantes sin condenas penales también fueron deportados
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis se refiere a los antecedentes penales de las personas expulsadas. Entre quienes llevaban al menos dos años en Estados Unidos y fueron deportados por ICE, 61 por ciento, alrededor de 390 mil personas, tenía una residencia de dos años o más en el país.
De ese grupo, 71 por ciento, equivalente a unas 280 mil personas, nunca había recibido una condena penal. La proporción también fue considerable entre los inmigrantes que llevaban una década o más en territorio estadounidense: 61 por ciento, aproximadamente 57 mil personas, no tenía condenas.
Estos datos contrastan con el discurso de la administración Trump, que ha presentado la persecución de personas con antecedentes criminales como una de las prioridades de su política migratoria.
En el balance general, el MPI calcula que solo 20 por ciento de las aproximadamente 980 mil personas deportadas, unas 190 mil, había sido condenado por algún delito.
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Opacidad en las cifras migratorias
La suspensión de la publicación periódica de estadísticas oficiales por parte del DHS añade otra dimensión al debate sobre la política migratoria estadounidense. Ante la falta de información gubernamental actualizada, el instituto recurrió a registros públicos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información para reconstruir el alcance de las deportaciones.
El análisis ofrece así una aproximación al impacto de las medidas migratorias aplicadas durante el segundo mandato de Trump, tanto en la frontera como dentro del territorio estadounidense.
Aunque las cifras documentan el volumen de las expulsiones, también plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar quiénes son deportados y hasta qué punto las operaciones corresponden a la prioridad oficial de expulsar a inmigrantes con antecedentes penales.
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