El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) advirtió que parte del presupuesto público destinado a empresas de seguridad privada en México termina beneficiando indirectamente a organizaciones del crimen organizado, debido a la falta de controles efectivos y transparencia en la contratación, supervisión y otorgamiento de esas concesiones.
De acuerdo al SNA y al portal de La Crónica, algunos contratos y pagos con recursos fiscales para servicios de seguridad pueden diluirse en estructuras vinculadas a grupos delictivos, lo que representa un riesgo de corrupción y captura ilícita de funciones públicas.
El organismo planteó la necesidad de mejorar las reglas de contratación pública, fortalecer la supervisión de empresas de seguridad y garantizar que los recursos se utilicen de forma eficiente y transparente para proteger a la ciudadanía.
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