Eliminar las renovaciones periódicas de documentos que acreditan una discapacidad permanente y reducir las barreras administrativas para acceder a programas sociales es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, quien propuso reformar el artículo 389 Bis 2 de la Ley General de Salud para crear el Certificado Vitalicio Único de Discapacidad Permanente.
La propuesta busca establecer un documento de validez permanente que permita a las personas acreditar su condición ante las instituciones públicas, sin tener que realizar constantemente trámites para renovar constancias que, en muchos casos, certifican situaciones de carácter irreversible.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. De acuerdo con el planteamiento legislativo, el certificado sería expedido conforme a la legislación vigente y los tratados internacionales suscritos por México, por profesionales de la medicina o personal autorizado por la autoridad sanitaria. Además, deberá incluir la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona beneficiaria.
Ávila Flores argumentó que la renovación recurrente de comprobantes de discapacidad definitiva representa una carga administrativa innecesaria para quienes necesitan acreditar su condición a fin de ingresar o permanecer en los esquemas de asistencia gubernamental.
Desde su perspectiva, establecer una acreditación única permitiría simplificar los procedimientos institucionales y evitar que las personas con discapacidad enfrenten obstáculos burocráticos para ejercer derechos y recibir los apoyos que les corresponden.
La legisladora también advirtió que las dificultades para obtener estos documentos pueden profundizar las condiciones de vulnerabilidad de numerosos hogares, particularmente aquellos donde coinciden el desempleo, la insuficiencia de ingresos y las limitaciones para acceder a educación y servicios básicos.
Otro de los problemas señalados en la iniciativa es la falta de coordinación y capacitación de algunas dependencias responsables de emitir las constancias. Estas deficiencias, sostuvo, pueden traducirse en negativas de atención, retrasos, omisiones y desconocimiento de las responsabilidades institucionales.
En ese sentido, la propuesta plantea que las autoridades eliminen prácticas administrativas que dificultan el acceso a los programas sociales y garanticen una atención digna, oportuna y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad.
De aprobarse la reforma, el Certificado Vitalicio Único de Discapacidad Permanente facilitaría la acreditación de esta condición para acceder a programas como la Pensión Universal y las pensiones del Bienestar, al evitar que las personas beneficiarias tengan que presentar periódicamente documentación que confirme una situación permanente.
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La iniciativa dimensiona la relevancia social de esta medida al señalar que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024 citado en el documento legislativo, México cuenta con 9.5 millones de personas con discapacidad.
Más allá de la creación de un nuevo documento, el planteamiento abre la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar que los procedimientos administrativos no se conviertan en mecanismos de exclusión. Para las personas con discapacidad permanente, la acreditación de su condición debería facilitar el ejercicio de sus derechos, no representar un trámite recurrente que consuma tiempo, recursos y esfuerzos.
El proyecto legislativo deberá ser revisado por la Comisión de Salud antes de avanzar en el proceso parlamentario. Su eventual aprobación implicaría modificar los mecanismos de acreditación de la discapacidad permanente y establecer condiciones más sencillas para acceder a los beneficios y servicios públicos.
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