La Fiscalía General del Estado de Chiapas logró la judicialización del primer caso por el delito de cohabitación forzada, una acción que representa un hecho sin precedentes en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
El Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que ya fue detenido Andrés “N”, quien presuntamente entregó a su hija de apenas 12 años de edad a cambio de 25 mil pesos, obligándola a vivir con un hombre adulto en el municipio de Larráinzar.
De acuerdo con las investigaciones, la menor habría sido víctima de una práctica que vulnera gravemente sus derechos humanos y su integridad, por lo que las autoridades actuaron de manera inmediata para garantizar su protección y llevar a los responsables ante la justicia.
¿Por qué este caso es histórico para Chiapas?
La judicialización de este expediente representa la primera aplicación de este tipo penal en el estado, convirtiendo a Chiapas en una de las entidades pioneras en combatir legalmente la cohabitación forzada, una práctica que afecta principalmente a menores de edad.
Jorge Luis Llaven Abarca destacó que tanto el padre de la víctima como el hombre adulto involucrado enfrentarán un proceso penal y que la Fiscalía buscará la sanción más severa contemplada por la ley, que puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
El titular de la Fiscalía subrayó que este caso envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la infancia y la adolescencia.
Compromiso con la protección de la niñez
El Fiscal General reiteró que la institución dará seguimiento puntual al proceso judicial para garantizar que se haga justicia y se respeten los derechos de la víctima.
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Asimismo, señaló que la creación y aplicación de este delito fortalece el marco legal para combatir prácticas que históricamente han vulnerado a menores de edad, consolidando una política de protección integral para las infancias en Chiapas.
Con esta acción, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de defender a los sectores más vulnerables de la población y de actuar con firmeza ante cualquier forma de violencia o explotación contra niñas, niños y adolescentes.
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