Crónicas Urbanas

¿Quién hace las listas?

Por Jorge Arturo Castillo

Cuando las acusaciones alcanzan al poder se exigen pruebas, debido proceso y presunción de inocencia. Cuando las preguntas provienen de periodistas y críticos, sus nombres pueden terminar proyectados desde Palacio Nacional. El problema no son las pruebas, sino el rasero con el que se valoran los indicios.

En una pantalla de Palacio Nacional aparece un nombre. Después otro. Hay fotografías, publicaciones, periodistas, empresarios y cuentas de redes sociales. Desde el gobierno se explica quién dijo qué, quién reprodujo determinada información y cómo una versión pasó de una cuenta a otra hasta convertirse, según la explicación oficial, en parte de un “ecosistema” de desinformación.

Bajo el nombre de Derecho de Réplica, el ejercicio parte de un principio difícilmente cuestionable. Cualquier ciudadano, institución y, desde luego, cualquier gobierno tiene derecho a responder cuando considera que una información es falsa. La dimensión cambia cuando quien ejerce ese derecho dispone también de Palacio Nacional, recursos públicos, cámaras, micrófonos y toda la capacidad de comunicación del Estado.

Hace casi cinco años, Claudia Sheinbaum miraba este tipo de ejercicios desde otra perspectiva. Cuando Claudio X. González llamó a “tomar nota” de quienes habían apoyado las acciones de la llamada Cuarta Transformación, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México respondió con una pregunta que hoy resulta inevitable recuperar: “¿Quién hace listas?”. Su propia respuesta fue contundente: “El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas”.

Cinco años después

Aquella declaración incluía algo más. Sheinbaum sostenía que quienes pertenecían a la 4T no hacían padrones de nadie y defendía el debate con respeto a la libertad de expresión. No hace falta comparar épocas ni regímenes, mucho menos repartir etiquetas. Basta colocar frente a frente esas palabras y las imágenes actuales de funcionarios identificando nombres, publicaciones, “redes de amplificación”, supuestos trolls y “ecosistemas digitales” de quienes consideran responsables de difundir información falsa.

Cinco años pueden modificar muchas cosas, incluida la manera de mirar una lista. Lo que antes parecía una práctica incompatible con la democracia puede adquirir otro significado cuando quien elabora el mapa ya no es un adversario político, sino alguien situado del lado del poder.

Otro concepto se ha vuelto recurrente en Palacio Nacional durante los últimos meses: las pruebas. Cuando desde Estados Unidos han surgido acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, la presidenta ha respondido de manera insistente: “Pruebas, pruebas”. La exigencia, en principio, es correcta. Vivimos —o aspiramos a vivir— bajo un Estado de derecho y nadie debería ser condenado por una filtración, una sospecha o una acusación sin sustento.

Los narcos no facturan presidenta

Entre condenar e investigar existe, sin embargo, una diferencia enorme. La presunción de inocencia obliga a no considerar culpable a una persona antes de que exista un proceso que así lo determine; no significa que cualquier indicio deba descartarse hasta que alguien coloque sobre el escritorio presidencial un expediente terminado.

Quienes hemos cubierto durante años asuntos relacionados con política y seguridad conocemos una realidad bastante elemental: los narcotraficantes no expiden comprobantes por comprar voluntades ni suelen firmar contratos cuando construyen redes de protección política. Si lo hicieran, investigar al crimen organizado sería considerablemente más sencillo.

Precisamente por esa clandestinidad, las investigaciones criminales se construyen reuniendo piezas. Movimientos financieros, comunicaciones, testimonios, encuentros, viajes, propiedades y relaciones pueden adquirir relevancia cuando son contrastados y corroborados. Un elemento aislado quizá diga poco; varios elementos coincidentes pueden terminar formando un expediente.

¿Qué investigamos nosotros?

Los procesos judiciales estadounidenses contra organizaciones criminales ofrecen numerosos ejemplos. Testimonios de colaboradores y antiguos integrantes de esas estructuras han formado parte de distintos juicios, aunque una declaración por sí misma no convierte automáticamente en culpable a quien es mencionado. Los testimonios son sometidos al procedimiento judicial, confrontados y valorados junto con otros elementos.

Muchas investigaciones funcionan precisamente de esa manera: comienzan con indicios, buscan corroborarlos y, si existen elementos suficientes, terminan produciendo pruebas que pueden presentarse ante un tribunal. Pretender que toda prueba deba existir antes de investigar equivaldría, en muchos casos, a invertir el funcionamiento de la investigación criminal.

Frente a esa realidad, México tendría que hacerse una pregunta distinta a la que escuchamos con frecuencia. Más allá de exigir qué pruebas tiene Washington, sería pertinente saber qué estamos investigando nosotros y qué hacen las instituciones mexicanas cuando aparecen indicios que podrían justificar, al menos, una revisión.

Cuando Washington mueve una pieza

Este viernes surgió un episodio que vuelve todavía más pertinente la discusión. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y conocido públicamente como Andy, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado públicamente las razones específicas de esa decisión.

Sería irresponsable convertir la cancelación de una visa en certificado de culpabilidad. Una medida migratoria no demuestra que López Beltrán haya cometido delito alguno y tampoco sustituye una investigación judicial. Exactamente por la misma razón, resulta legítimo preguntarse qué llevó a Washington a tomar esa decisión y si las autoridades mexicanas cuentan con información relacionada con ella.

Desde Palacio Nacional, la respuesta fue que México no abrirá una investigación simplemente porque Estados Unidos retire una visa. El argumento tiene lógica jurídica: una decisión administrativa de otro país no puede convertirse automáticamente en una carpeta de investigación mexicana. Sin embargo, entre iniciar una persecución penal por una visa cancelada y no formular pregunta alguna existe un territorio enorme. Allí deberían operar las fiscalías, las instituciones de inteligencia, los órganos de control y, por supuesto, el periodismo.

Dos maneras de mirar los indicios

Una democracia madura tendría que ser capaz de caminar entre dos extremos: ni condenar sin pruebas ni cerrar los ojos hasta que aparezca una sentencia. La presunción de inocencia protege a las personas frente al poder punitivo del Estado, pero difícilmente puede interpretarse como una instrucción para que las instituciones ignoren aquello que razonablemente merece ser revisado.

Ningún testimonio, filtración, investigación periodística o decisión migratoria basta por sí mismo para condenar a una persona. El problema surge cuando todos los indicios parecen perder relevancia mediante la misma respuesta: “Pruebas, pruebas”. Si el estándar consistiera en esperar una sentencia definitiva antes de comenzar a formular preguntas, el periodismo perdería buena parte de su razón de ser, las fiscalías llegarían siempre tarde y muchas investigaciones sobre corrupción jamás habrían comenzado.

Curiosamente, esa extraordinaria prudencia parece disminuir cuando cambia el objeto del escrutinio. Para identificar públicamente a periodistas, comunicadores, empresarios o usuarios de redes sociales no parece indispensable esperar una resolución judicial que determine que forman parte de una operación coordinada. Desde un espacio gubernamental pueden trazarse relaciones, mostrar publicaciones, identificar “ecosistemas” y atribuirles un papel dentro de determinadas narrativas.

Cuando la pregunta incomoda

Ahí aparece una contradicción mucho más importante que cualquier intercambio entre oficialistas y opositores. Quienes gobiernan tienen derecho a defenderse y a exigir pruebas frente a cualquier acusación, del mismo modo que sería irresponsable aceptar como verdadero cada señalamiento proveniente de Washington. Lo preocupante comienza cuando el poder parece desarrollar dos maneras distintas de mirar los indicios: una especialmente cautelosa cuando afectan a quienes están dentro y otra considerablemente menos prudente cuando se dirigen hacia quienes están fuera.

A los integrantes del movimiento gobernante se les concede, correctamente, presunción de inocencia y se exige que los señalamientos estén respaldados por pruebas. Mientras tanto, periodistas, comunicadores y críticos pueden ser incorporados públicamente a mapas, redes de amplificación o ecosistemas digitales a partir de sus publicaciones. El problema no consiste en que unos deban perder derechos, sino en preguntarnos por qué los otros parecen recibir un estándar diferente.

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Quizá Derecho de Réplica haya sido concebido simplemente como una herramienta de comunicación política. Sin elementos que lo demuestren, tampoco sería responsable afirmar que su propósito consiste en distraer la atención de los señalamientos que enfrenta el gobierno. Su efecto sobre la conversación pública, no obstante, merece observarse: ante una pregunta incómoda, parte de la discusión puede desplazarse desde el contenido del señalamiento hacia la identidad, las relaciones o las supuestas intenciones de quien lo formuló.

El mensajero y el mensaje

De esa manera, la conversación deja de concentrarse exclusivamente en si una acusación merece investigarse y comienza a girar alrededor de quién la publicó, quién la reprodujo, a qué grupo pertenece y qué pretende conseguir. Examinar al mensajero puede resultar mucho más sencillo que examinar el mensaje, una tentación que no nació con este gobierno y que probablemente ha acompañado al poder desde mucho antes de que existieran las redes sociales.

Por eso aquella pregunta formulada por Claudia Sheinbaum en 2021 conserva una actualidad inesperada: “¿Quién hace listas?”. Cinco años después, quizá convendría agregar una segunda interrogante: ¿quién decide quién merece aparecer en ellas y con qué evidencias lo hace?

México necesita pruebas para condenar a cualquiera, sea oficialista, opositor, empresario, periodista o ciudadano. Ésa no debería ser una concesión del gobierno, sino una condición elemental del Estado de derecho. Al mismo tiempo, una democracia necesita instituciones dispuestas a investigar y periodistas dispuestos a formular preguntas, incluso —y especialmente— cuando las respuestas resultan incómodas para quienes ejercen el poder.

Las pruebas permiten a los tribunales establecer responsabilidades y separar una sospecha de un hecho acreditado. Las preguntas cumplen una función anterior y quizá igualmente importante: impedir que sea el propio poder quien decida, antes de investigar, quién merece ser investigado y quién no.

Jorge Arturo Castillo es periodista, editor y consultor en comunicación. Director editorial de Mundo Farma y Salud Adulto Mayor (SAM). Comunicólogo y maestro en Relaciones Internacionales, con estudios de Análisis Político por la Universidad Iberoamericana. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el periodismo especializado, la edición, la docencia universitaria y el análisis de asuntos públicos.